Opinión

El agente especial Dodson, amordazado por la ATF


 

La gran cloaca de la operación Rápido y Furioso de tráfico “controlado” de arsenales a México continúa abierta, y quienes buscan exponer su verdad o ganarse algunos dólares más, son acallados por el Departamento de Justicia de Eric Holder.

 

Esta vez el turno correspondió a John Dodson, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), autor de un libro sobre el tema bloqueado por dicha dependencia bajo el argumento del “impacto negativo” que su publicación tendría en la moral de la División de Campo de Phoenix ––donde se planeó la operación secreta que acabó proporcionando casi 2 mil fusiles automáticos, metralletas y otros pertrechos al cartel de Sinaloa, sin ningún arresto importante a cambio––, además del “impacto perjudicial” que tendría en las relaciones de la ATF con la FBI y la Administración Antidrogas (DEA).

 

Según la Unión por las Libertades Civiles, la censura viola los derechos de Dodson, a quien considera un informante interno, consagrados en la primera enmienda constitucional. No obstante, fuentes judiciales señalaron a AP que se sigue estudiando la solicitud del autor para publicar su recuento de los hechos, pues la ley le prohibiría lucrar con el libro cuando todavía trabaja para el gobierno federal.


 

Protagonista

 

Dodson fue uno de los protagonistas del escándalo destapado en 2011, al revelar a CBS y Los Angeles Times que la ATF le ordenó dejar que las armas para el narcotráfico mexicano atravesaran la frontera, pese a que “sabíamos que (Rápido y Furioso) no iba a terminar bien. No había forma de que lo hiciera”. Sus declaraciones coinciden con las de elementos de la Oficina de Inmigración y Aduanas, que resaltaron sus dudas acerca de la operación desde su arranque en 2009, ya que usaba una “metodología fallida, opuesta a nuestras prácticas y a las averiguaciones sobre contrabando de armamentos”.


 

Las preguntas en torno a la operación siguen ahí, como un cadáver insepulto, pese a los esfuerzos de Holder para que se no se aclaren. Se ignora, por ejemplo, qué tanto supo el régimen calderonista, luego de que William Newell, jefe de Dodson en Phoenix, Arizona, aseguró al Congreso bajo juramento que informó de su desarrollo al agregado de la PGR en esa ciudad, así como a sus pares de la ATF en la ciudad de México.

 

 

La semana pasada, sin embargo, el politico destacó que la juez federal de circuito Amy Berman Jackson determinó en un fallo de 44 páginas que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara baja puede demandar a la procuraduría general para que entregue documentos clasificados del caso, hasta ahora retenidos por Holder gracias a que el presidente Barack Obama invocó su “privilegio ejecutivo”.