Opinión

Ejército de reserva

    
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Ejército, Quecholac, Puebla

Cada vez son más las voces que alertan sobre el efecto tóxico de las posiciones que mantiene la administración Trump en relación con la renegociación del TLCAN. Las nuevas exigencias –que el Tratado deba ser refrendado cada cinco años, y que se establezcan nuevas reglas de origen para la exportación de autos y camiones– parecieran tener como propósito único reventar las negociaciones. Ante este difícil escenario, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, incluso advirtió de que si no hay voluntad de Estados Unidos para negociar, nuestros vecinos pueden olvidarse de que colaboremos en temas de contención migratoria y seguridad nacional.

Por su parte, Anthony Wayne (embajador norteamericano en nuestro país en tiempos de Obama) alertó en un texto publicado el miércoles pasado de las implicaciones que tendría un rompimiento de la cooperación binacional en materia de seguridad. De acuerdo con Wayne, un distanciamiento entre México y Estados Unidos tendría, entre sus principales consecuencias una profundización de la crisis de adicción a los opiáceos. El tema no es menor. De 2000 a 2015 se triplicó la tasa de muertes por sobredosis asociadas al consumo de opiáceos, entre otras razones por la proliferación de versiones sintéticas, más potentes y más mortíferas que la heroína, como el fentanyl y el carfentanil (esta última, originalmente usada por veterinarios para sedar elefantes). Esta epidemia y las muertes por sobredosis, que ya suman más de 30 mil al año, afectan sobre todo a las comunidades más pobres dentro de Estados Unidos.

Si el gobierno mexicano se desentendiera del combate al narcotráfico y los cárteles que operan en nuestro país pudieran inundar Estados Unidos con más cocaína y opiáceos, los consumidores observarían una disminución en lo precios. Sólo tenemos información limitada sobre el impacto que los precios tienen en el consumo. Sin embargo, la información disponible sí sugiere que los menores precios podría generar un repunte aun mayor en el número de muertes por sobredosis que se registran al norte de la frontera.

Ahora bien, las declaraciones del secretario Guajardo tienen sentido como parte de una estrategia de negociación. Sin embargo, es difícil pensar que en los hechos el gobierno mexicano disminuyera de forma drástica las acciones que actualmente impulsa en materia de combate al narcotráfico. Después de años de decomisar cargamentos y arrestar o 'abatir' capos, es poco probable que el aparato militar y policial dedicado a ello renuncie de un día para otro a su forma de operación.

Incluso si fuera factible 'suspender' el combate al tráfico trasnacional de drogas, el gobierno mexicano haría frente a una terrible consecuencia: ser señalado, así sea de forma injustificada, como el responsable de una nueva crisis de salud pública, que cada año cobra miles de vidas, sobre todo entre la población más vulnerable de Estados Unidos. De igual forma, el gobierno tendría que plantearse si en verdad está dispuesto a ser vilipendiado en caso de suspender la contención migratoria y que eventualmente se registre una nueva crisis humanitaria, como el escalamiento en el número de niños migrantes procedentes de Centroamérica, que tuvo lugar en 2014.

Ciertamente hay otras medidas, menos drásticas, que México podría tomar para causarle cierta incomodidad al gobierno de Trump. Por ejemplo, se podrían derogar las reformas de 2015 a la Ley Federal de Armas de Fuego. Con dichas reformas se permitió –por primera vez en la historia del país– que agentes extranjeros (entiéndase estadounidenses) porten armas en territorio nacional. El gobierno mexicano también podría endurecer la aplicación de las restricciones a la actuación de agentes norteamericanos. Desde muchos años antes de aprobadas las reformas a las Ley Federal de Armas de Fuego, los elementos de la DEA y de otras agencias portaban armas en nuestro país bajo un 'acuerdo velado'.

Sin embargo, a Trump le gusta el riesgo y parece difícil que otras consideraciones, distintas a su ego, vayan a desempeñar un papel en el curso de las negociaciones. El panorama es sombrío para la prosperidad y la seguridad de toda la región. Más allá de un eventual rompimiento de la cooperación binacional en materia de seguridad, la cancelación del TLC tendrá un impacto incierto en la economía mexicana. Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre las consecuencias (hay los optimistas que señalan que en el largo plazo México podría seguir exportando la mayor parte de lo que ahora exporta, en el marco de las reglas de Organización Mundial del Comercio). Sin embargo, en el corto plazo es muy probable un reajuste que cueste varios puntos del PIB y varios cientos de miles de empleos en los sectores más dinámicos de nuestra economía. Ese escenario es tal vez la mayor amenaza para la seguridad pública en ambos lados de la frontera. Ya existen grandes redes trasnacionales de tráfico de drogas y de personas. Sumar un nuevo ejército de reserva para el crimen organizado sólo podría tener un resultado desastroso.

Twitter: @laloguerrero

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