Opinión

Ejecutado el 'gasolinazo'; tres ángulos para la reflexión

 
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gasolina

15.83 fue lo primero que retuvo mi mente en 2017. Resultó ser el precio máximo de la Magna en la región en la que amanecí en Hidalgo, cerca de la refinería de Tula. Si ya me parecía alto, no pude evitar alzar la ceja cuando advertí que 16.33 es el nuevo precio que me espera en la CDMX donde regularmente compro la gasolina que consumo.

En tanto la economía mexicana asimila la nueva realidad y se producen los efectos agregados que suelen conllevar alzas bruscas en precios de insumos esenciales para la vida moderna, conviene reflexionar el tema desde tres roles distintos:

Primero, como consumidor final. Con independencia de las reducciones marginales en el uso del combustible que se pueden prever como consecuencia de incremento de las dos gasolinas disponibles en el mercado mexicano, dado que la mayoría del uso de ese combustible no se detona por actividades ligadas al placer, el ingreso disponible real de las personas se verá disminuido. Permítame ser explícito. Si su ingreso permanece constante o no se incrementa en la proporción adecuada al aumento que verá reflejado en cada tanque que llene regularmente, más temprano que tarde tendrá que decidir cuáles otros gastos ajustará para no dañar su salud financiera de forma acelerada.

Segundo, como insumo a un proceso productivo. Si bien no es el mismo impacto directo el que enfrentará un transportista, al de una empresa de servicios de tecnología que consume significativamente menos litros directos en los vehículos utilitarios que registre su balance, cada responsable de los números en la empresa deberá estimar rápido el incremento real en sus gastos de operación ante este nuevo nivel de precios de la gasolina en el país. Acto seguido, salvo impactos verdaderamente marginales, deberá trasladar el efecto a sus clientes fijando nuevos precios en todos los bienes o servicios que ofrece al mercado. Evitarlo provocará deterioros pronosticables en su rentabilidad.

Tercero, como producto políticamente sensible. Y es que no es cualquier precio. Se trata de uno que ven, registran y usa todas las capas sociales del país y que resulta intensivo en la vida rural y urbana. No pretendo ingenuidad. Cualquier cambio que reportara incremento al consumidor tendría costo relevante para un presidente que salió en la televisión afirmando mil veces que se habían acabado los gasolinazos. Sin embargo, hay que decir que un cambio en la política de precios era necesario.

Ni cuesta igual entregar un litro en cada una de las 83 regiones de distribución que definió la autoridad, ni eran convenientes los subsidios cruzados en la distribución que se daban hasta el año pasado. Y si la nueva fórmula de precio funciona, en un tiempo perentorio deberíamos de ver precios subir y bajar según se comporte el precio del petróleo en el mundo, el tipo de cambio del peso contra el dólar y según se incremente la infraestructura y la eficiencia de la cadena de distribución ligada a ese combustible.

Lo que me parece muy cuestionable desde cualquiera de las tres perspectivas es que el gobierno federal no haya atenuado su apetito de cobro del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Sólo por este rubro, dejando de lado el 16 por ciento de IVA y otros conceptos revisables, entre 19.9 y 26 por ciento de lo que pagamos por la gasolina es un sobrecosto que va directo a las arcas de Hacienda.

Veo las expresiones públicas de molestia y no dejo de pensar que un recorte adicional al gasto público gubernamental y una reducción temporal en el IEPS de ese producto hubieran generado condiciones distintas a las que hoy los medios le reportan al país. Pero no, todo muestra que imperó el 'hágase el incremento en los bueyes de la sociedad'.

El autor es empresario y conferencista internacional.

Twitter: @mcandianigalaz

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