Opinión

Educación: lucha por hegemonías


 
El conflicto azuzado por las reformas a la ley de educación va mucho más allá de cualquier fricción con las formaciones sindicales magisteriales y se centra en 3 temas de fondo:
 
1) Regresar la relación Estado-maestros a su tono productivo, sobre todo después de que el PRI, antes del 2000, liquidó el proyecto histórico de la Revolución Mexicana y reafirmó el dominio de la productividad. En el pasado revolucionario, los maestros fueron los apóstoles del sistema priista y funcionarios como aparatos de control ideológico de los niños y jóvenes; ahora ya no.
 
2) La disputa por el rumbo político de la educación en el proyecto nacional de desarrollo entre el Estado y los grupos sindicales antisistémicos. El gobierno reafirma el papel de la educación para el desarrollo, la libertad de conciencia y el laicismo, en tanto que el SNTE busca afianzar su poder de negociación y la CNTE disidente quiere imponer un modelo nacional antisistémico y antineoliberal.
 
3) La redefinición de la relación del Estado con los trabajadores, abandonando finalmente el modelo de la 'alianza histórica' que implicaba a sindicatos como pilares de la estabilidad social y política del Estado, como se demostró en los casos en que los trabajadores fueron acarreados a mítines de apoyo al Estado ante la ofensiva de sectores empresariales y extranjeros.
 
El criterio oficial de recuperar o reinstalar la rectoría del Estado en la educación podría ser el modelo del gobierno priista de regreso a Palacio Nacional para redefinir la relación del PRI con los sindicatos. En 1975 el entonces presidente nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, definió al PRI como el partido de los trabajadores, en una versión light del laborismo internacional progresista. Se trataba de una argucia ante la radicalización popular del gobierno priista de Luis Echeverría. Ahí se consolidó el modelo corporativo sindical al servicio del Estado y del gobierno. En 1982, sin embargo, el proceso de neoliberalización del Estado decidió ir diluyendo esos compromisos porque los trabajadores ya no eran necesarios para defender al Estado ante la ofensiva empresarial porque el nuevo modelo de desarrollo era justamente el empresarial, el del mercado.
 
La administración de Salinas profundizó el modelo neoliberal pero no reorganizó la relación del Estado con los sindicatos sino que reforzó el control y fue marginándolos del poder pero manteniendo cuando menos el discurso laborista. La alternancia partidista con Fox tampoco buscó alguna redefinición; al contrario, cachó la estructura político-sindical del SNTE al pactar con la maestra Elba Esther Gordillo una alianza que los maestros ya no tenían con el PRI.
 
El costo social del modelo sindical priista de corte corporativo le cedió a los sindicatos capacidad de influencia en el rumbo de la nación; por eso los maestros fueron abandonando sus funciones educativas y acrecentando sus tareas de factores de estabilización interna, primero ideológicas, luego políticas, más tarde de número y finalmente electorales. La disminución de la calidad educativa fue correlativa al pacto político de los maestros, vía sus organizaciones sindicales, con el gobierno.
 
La educación cumple 2 funciones: políticas, al promover el modelo de la democracia desde la formación de conciencias; y productivas, porque contribuyen a formar recursos humanos para el desarrollo. Pero el modelo de alianza del Estado con los sindicatos magisteriales convirtió al gremio de los maestros en una instancia de participación directa en las definiciones estratégicas del Estado. Por ello el gobierno fue encontrando en los maestros y sus poderosas organizaciones gremiales un factor de poder autónomo que le restaba rectoría al Estado para definir el papel de la educación pública en el desarrollo.
 
El SNTE y la CNTE buscan participar -a veces con mayor intensidad- en la definición de la política educativa que le corresponde al gobierno y al Estado. Y el asunto no tendría mayor importancia de no ser por el hecho de que las dirigencias magisteriales tienen su propia definición del rumbo educativo: el SNTE quiere mantener el viejo modelo del PRI de una educación progresista de confrontación con la derecha y la CNTE ha establecido una educación contra el modelo de desarrollo neoliberal y con perfiles antisistémicos.
 
El problema radica en el hecho de que las relaciones del gobierno con los maestros se rigen por las leyes laborales porque los docentes son, en esencia, trabajadores contratados por un patrón. Sin embargo, el viejo PRI dio a los maestros el rango de socios en la educación. Y ahí es donde han estallado los conflictos: los maestros quieren mantener su influencia en la definición de las políticas educativas que le corresponde delinear a la parte contratante.
 
La decisión del gobierno de evaluar a los maestros está basada en las leyes laborales y referidas inclusive a las obligaciones de capacitación del personal de trabajo. Por tanto, los maestros carecen de instrumentos legales para negarse a cumplir con las leyes. En una empresa privada, los trabajadores que quieran dirigir la empresa y definir sus rumbos deben de contratarse como ejecutivos o socios y no usar el poder gremial para doblegar a los patrones.
 
La educación debe mantener 3 criterios básicos que tienen que ver con la conciencia: enfoque científico, articulación con el desarrollo y pensamiento laico. La modernización democrática del sistema mexicano ya no requiere del poder laboral para contener a otros grupos de poder. Y hasta donde se tienen datos, el gobierno está lejos de regresar al modelo porfirista de relaciones laborales; lo único que quiere es evaluar a los maestros, capacitarlos y sacarlos de las calles para regresarlos a las aulas.
 
El acceso al poder se ha centrado en la competencia electoral, abandonando los espacios de la confrontación callejera. Si el SNTE y la CNTE quieren definir el rumbo de la educación, primero tienen que ganar el poder por la vía electoral y no en las calles y con paros y convertirse en gobierno, y los 2 ya tienen sus partidos para lograrlo.
 
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