Fuertes acusaciones señalan a la Administración Tributaria en Celaya, en su expresión de auditoría fiscal, por conducir actos de verificación del pago de impuestos a terrenos que rayan en el terrorismo.
Las quejas, que llegan a las oficinas federales del SAT, a la Prodecon e incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen una destinataria en específico: María Trinidad Nájera Vite.
Empresas representadas por un empresario que solicitó omitir su nombre por razones obvias, asegura que el asunto ha sido de tales magnitudes que se han corrido ya quejas oficiales ante Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, por la manera en que esta persona excede sus atribuciones en una pretendida búsqueda de operaciones de simulación.
En acuse de recibido de las quejas de empresas, la funcionaria toma fuerza y ataca con mayor virulencia a los contribuyentes morales, quienes turnan ya su inconformidad a la Prodecon en cuya silla principal atiende Diana Bernal Ladrón de Guevara.
El asunto pudiera ser más sencillo si se trata de buscarle peras al olmo. En principio de cuentas, el recurso de la subcontratación es un recurso reconocido e incluso normado por las autoridades. Unos lo conocen como outsourcing, término que en estricto orden no debiera nombrarse, ya que la figura no aparece en ningún renglón de los ordenamientos fiscales o de la LFT.
La operación aceptada por el gobierno y por la ley debe de nombrarse subcontratación, refiriéndose al ejercicio que faculta a una empresa a contratar a una segunda para atender determinadas labores que no resultan de su especialidad productiva.
Tan es reconocida la figura que incluso la autoridad federal ha consentido que se norme el trabajo de ese recurso entre empresas y que haya firmas especializadas que han llevado más allá de su estricta responsabilidad el cumplimiento de la ley, desarrollando un concepto que si se trata de recomponer el ingreso de los trabajadores debiera ser obligado el adoptarlo: administración integral del recurso humano.
Lamentablemente, no se ha podido avanzar más en combatir desde la ley a las empresas que abusa de la subcontratación para evadir sus obligaciones laborales.
Debemos pues reconocer que en "la industria" de la subcontratación hay empresas buenas, otras malas e incluso algunas verdaderas asaltantes. Desafortunadamente, las más no cumplen con sus obligaciones, mientras que hay otras que sí lo hacen e incluso muy pocas que las exceden en franco beneficio de los trabajadores y de sus familias.
Pero el caso no es el panorama de la subcontratación, sino que la funcionaria, a decir por la manera en que describen su accionar, busca donde no hay y se aferra a encontrar ilícitos recurriendo incluso a la fuerza pública para amedrentar a los contribuyentes y negándose a realizar una conciliación con los quejosos.
Lamentable ejemplo, a decir por quienes ponen en la mesa de Universo PyME el caso, porque sin necesidad llevan a las empresas a organizarse y buscar formas de defenderse de los que consideran prácticas de autoridad arbitrarias.
Y bueno… Difícil vender, más difícil cobrar pero ya también el tener que lidiar con funcionarias que van más allá de sus funciones eso ya es un colmo que sin duda hace que los empresarios se arrepientan de crear empleos.