Si quisiéramos resumir en pocas palabras la situación de violencia en el país, quizás podríamos decir: nuevos récords, mayor extensión en el territorio nacional y renovadas esperanzas con la nueva administración.
Hace algunos días el INEGI presentó la información sobre las cifras de los homicidios por cada 100 mil habitantes e inmediatamente surgió el debate sobre la diferencia entre las cifras producidas por el INEGI, a partir de actas y certificados de defunción que capta de los servicios médicos forenses y los registros civiles, que complementa con información de las agencias del ministerio público; y las que genera el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, a partir de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el ministerio público, que le envían las procuradurías generales de justicia y las fiscalías generales de las entidades federativas.
Aunque la información en ambos casos proviene de los gobiernos locales, la cifra del SNSP siempre es menor que la del INEGI pero siguen la misma tendencia. Si utilizamos las cifras reportadas hasta ahora por el SNSP para predecir las cifras del INEGI, es probable que este año se alcance la cifra de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta en más de cinco décadas.
Desafortunadamente no se trata de una coyuntura sino de un patrón que se viene observando en los últimos años. En nuestro país la cifra de homicidios venía disminuyendo paulatinamente desde 1990 cuando se registraron 17 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta el 2007, cuando se alcanzó una cifra de 8. A partir de ese año y hasta el 2011 el crecimiento fue extraordinariamente elevado, para llegar en el 2011 a 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, tres veces más del registrado en el 2007. Posteriormente tuvimos una caída moderada llegando a 17 en el 2014 y en el 2015, pero los homicidios volvieron a crecer a partir del 2016 hasta los niveles récords alcanzados el año pasado y lo que llevamos del 2018.
No obstante, y como frecuentemente sucede, los promedios esconden buena parte de lo que necesitamos saber para diseñar políticas públicas y evaluar las estrategias seguidas.
Si consideramos la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, que es como debe medirse este indicador para poder comparar entre distintos ámbitos geográficos, encontramos en la parte alta a Colima (113), Baja California Sur (91), Guerrero (71), Baja California (60) y Chihuahua (59). En la parte baja destacan Yucatán (2), Aguascalientes (6), Campeche (8), Coahuila (9) y Tlaxcala (10).
Pero no solamente encontramos a lo largo del país magnitudes distintas, también observamos patrones intertemporales diferentes. De las cifras recientemente publicadas, los casos que más llaman la atención son los de Colima y Baja California Sur que pasaron de 9 y 6 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2008 a las cifras de 113 y 91 respectivamente, comentadas en el párrafo anterior. Llaman también la atención Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas, donde los homicidios por cada 100 mil habitantes se multiplicaron por 7.6, 6.1, 4.8 y 4.0 en los últimos diez años. ¿Qué sucedió en estas seis entidades federativas en la última década?.
Por el contrario, en varias entidades federativas se observan reducciones significativas, destacando Durango, Coahuila y Nuevo León. Seguramente podemos aprender de la disminución de la violencia en estas tres entidades federativas y del caso Chihuahua, donde se tuvo una disminución muy importante al bajar de 182 homicidios por cada 100 mil habitantes a 59, aunque sigue siendo una de las entidades más violentas del país.
La nueva administración debería dedicar tiempo a entender las buenas y malas historias que se reflejan en la información presentada por el INEGI y a dialogar con los gobiernos locales.
Alfonso Durazo planteó recientemente que "La meta inicial es lograr abatir los homicidios dolosos entre el 30 y el 50 por ciento en el transcurso de los primeros 3 años"; esto significa que llegaríamos a 18 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2021, tomando como referencia la cifra de 30 comentada anteriormente, más o menos lo que teníamos a mediados de los dos sexenios anteriores, que han sido los más violentos de la historia moderna de nuestro país; nada que presumir. El objetivo del sexenio debería ser alcanzar lo que ya logramos en el 2007, 8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Lo importante no es sólo la reducción en los primeros tres años, eso sucedió en el sexenio actual, sino la construcción de un ecosistema institucional que permita mantener el patrón de reducción de la violencia, lo que no sucedió en este sexenio. Por lo pronto hay que dar el beneficio de la duda a la siguiente administración.