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Durante los próximos meses escucharemos, además de los spots, un gran número de propuestas de los diferentes candidatos. Como es natural muchas de esas propuestas parecerán lugares comunes, profesionalizar la policía, por ejemplo, que no por ser un lugar común pueden dejar de mencionarse; escucharemos también propuestas que ya han sido puestas sobre la mesa en el pasado y no por ello deben ser consideradas como un plagio, sino como un compromiso con esa idea.
De todas las casas de campaña saldrán propuestas sensatas (otras no) y alguna que otra 'fuera de la caja', que significa pensar diferente, de manera no convencional o desde una nueva perspectiva.
En campaña, por otro lado, estamos acostumbrados a criticar las propuestas por quien las pronuncia, independientemente de su valor. Recuerdo una propuesta del candidato Labastida que desde el lado de la campaña del candidato Fox criticamos y que era muy acertada, inglés y computación en las escuelas. Me parece que lo mismo sucede ahora con una propuesta de Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por la coalición Por Mexico al Frente, relativa a un ingreso básico universal. No había terminado de elaborarla cuando ya lo tachaban de populista e irresponsable fiscalmente.
Efectivamente, en su más amplia concepción, una transferencia monetaria universal no condicionada parece utópica dada la situación fiscal de México; no obstante, una propuesta de este tipo tiene elementos interesantes para un país como el nuestro, con miles de programas sociales dispersos y de muy dudoso impacto.
En este artículo me apoyo de un trabajo académico de John Scott, colega del CIDE, denominado: 'Las posibilidades de un sistema de renta básica (RB) en México', elaborado para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en el que se analiza la factibilidad práctica de una renta básica en México y se estima su incidencia y sus efectos redistributivos.
De inicio debe señalarse que no es una varita mágica. Uso este argumento porque muchas veces pedimos a las políticas públicas más de lo que nos pueden dar. Los críticos del TLC, por ejemplo, dicen que no sirve porque el crecimiento económico a partir de esa fecha ha sido muy mediocre, como si el TLC fuera la única política económica encaminada a ese fin. En este contexto, la RB no substituye políticas que den a todos los mexicanos, especialmente a los más vulnerables, las herramientas para participar activamente.
Otro elemento a tomar en cuenta es que el tema está siendo abordado en el mundo desde dos ángulos completamente diferentes. En países desarrollados la RB se ve como una política para hacer frente a los problemas de distribución del ingreso que se generarían con el desplazamiento de mano de obra provocado por la cuarta revolución industrial. Por el contrario, en países como India, Brasil o México, con elevados niveles de pobreza y mala distribución del ingreso, la RB se fundamenta principalmente 'como un instrumento de protección social para garantizar la subsistencia'.
La principal crítica a una política pública como la propuesta por Anaya es que son más efectivas las transferencias focalizadas que las universales, ya que se logra mayor impacto con los mismos recursos; lo cual teóricamente es cierto, pero en la práctica los costos operativos, la burocracia que generan, los espacios a la corrupción, la falta de coordinación entre órdenes de gobierno y el uso electoral y clientelar de los programas, hacen dudar de la eficiencia, eficacia y efectividad de muchos programas focalizados en nuestro país.
En el trabajo de referencia, que recomiendo leer, se señalan dos ejemplos de programas que ilustran los problemas de focalización que tenemos: 'El Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa (...) transfiere apenas 15 por ciento de sus beneficios al 20 por ciento más pobre de la población' y 'aún en el caso de Prospera, el programa de transferencias con mayor cobertura y mejor focalizado, cerca de 40 por ciento de la población pobre no reporta ser beneficiaria de este programa (aunque una parte de esta brecha refleja problemas de subreporte en la encuesta)'. En otras palabras los errores y costos para identificar a la población objetivo son muy altos.
En el trabajo se analizan los impactos en pobreza y distribución del ingreso, dependiendo de su financiamiento, de iniciar con una transferencia mínima (la diferencia entre la línea de bienestar mínimo y el ingreso medio de la población en condiciones de pobreza extrema, que en 2014 representaba 402/471 y 148/109 pesos por mes en localidades rurales/urbanas para adultos y menores, respectivamente) y acotando la participación de los estratos de mayores ingresos.
Al final, dados los magros resultados que hemos tenido en pobreza y distribución del ingreso, bienvenidas las propuestas 'fuera de la caja'.
* Profesor Asociado del CIDE.
Twitter: @EduardoSojoGA
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