A medida que se acerca el inicio del nuevo gobierno, la incertidumbre, el temor y la esperanza recorren los pasillos de las dependencias del gobierno federal y los organismos autónomos; no es el temor normal al despido sin indemnización de un cambio de gobierno al que los servidores públicos de confianza siempre han estado expuestos, es la amenaza de una reducción de 70 por ciento de las plazas de confianza y una reducción de sus salarios de entre 30 y 50 por ciento. También esta presente la esperanza de que el gobierno entrante rectifique como en otras propuestas.
Me da la impresión de que la esperanza de que el presidente electo rectifique está presente también en su propio equipo, dada la dificultad que tendrían para cumplir con las responsabilidades legales atribuidas a sus dependencias si no tienen los recursos necesarios para ello.
Tres temas me parece que los secretarios, subsecretarios y en general el personal de mando debe cuidar especialmente; el primero, asegurar que con el recorte de personal no queden desprotegidas aquellas responsabilidades que de no cumplirse adecuadamente pueden dar lugar a que los servidores públicos o los usuarios de los servicios corran riesgos en su seguridad personal. Imaginen una operación médica con consecuencias fatales porque no había doctores, enfermeras, medicamentos o equipo suficiente para atender al paciente.
En segundo lugar, deben cuidar aquellas actividades que den lugar al establecimiento de responsabilidades o imposición de sanciones de no cumplir la ley. Imaginen perder un juicio por no disponer de abogados suficientes para enfrentar una demanda.
En tercer lugar, me parece fundamental que no descuiden las ventanillas de servicio público; los ciudadanos no entenderían que las clínicas y hospitales estuvieran saturados por falta de recursos.
Bienvenida la austeridad, pero cuidado con llevarla a extremos donde los servidores públicos no puedan cumplir con las responsabilidades a las que están obligados.
Respecto del recorte a los salarios me parece que lo importante es no pasarse de la raya. El único estudio a profundidad que conozco fue elaborado por Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero como documento de trabajo en la División de Administración Pública del CIDE con datos del 2002.
La conclusión del estudio es clara; en esa fecha los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada eran muy altos. El estudio es interesante porque para comparar los salarios entre países, se corrige por diversos efectos como el costo de la vida o el ingreso de las familias que gobiernan.
Un tema que también se aborda en el trabajo es la gran diferencia entre los salarios de los altos ejecutivos del sector privado y los de los altos funcionarios públicos, aunque los autores no ven un problema ya que consideran que se trata de mercados diferentes.
Difícilmente se puede argumentar contra las evidencias mostradas en esta investigación, pero mucho ha pasado desde entonces; en un documento elaborado por un grupo de servidores y exservidores públicos se presentan datos muy interesantes de lo que ha pasado en la últimos 18 años. Se cita, por ejemplo, un trabajo del BID que concluye que "desde 2003 hasta el presente, el salario promedio del SPC (Servicio Profesional de Carrera) perdió aproximadamente el 60 por ciento de su poder adquisitivo".
Los dos estudios reportan los salarios brutos vigentes en 2002 y 2018; si tomamos esos datos y asumimos para 2019 una reducción de los salarios de 50 por ciento del presidente, secretarios y subsecretarios, 40 por ciento para directores generales y 30 por ciento para directores generales adjuntos, en línea de lo que se ha declarado por el gobierno entrante, encontraremos que los nuevos funcionarios públicos tendrán un salario en términos nominales (antes de considerar la inflación) inferior al que tenían sus pares en el 2002.
Los secretarios, por ejemplo, ganaban 149 mil pesos en el 2002 y ahora ganarían cerca de 109 mil; los directores generales tenían un salario en promedio de 110 mil 750 pesos en 2002 y ahora ganarían alrededor de 88 mil 500 pesos.
¿Qué significa esto en términos reales, es decir una vez que ajustamos los datos por la inflación que ha ocurrido en ese período y que ha impactado el poder de compra de los salarios? Estimo que el salario en términos reales tendría una caída en el período analizado de 63 por ciento en el caso de los secretarios y subsecretarios; es decir, ganarían en el 2019, el 37 por ciento de lo que ganaban sus pares en el 2002. La caída en los salarios de directores generales y directores generales adjuntos sería de alrededor del 60 por ciento el 54 por ciento respectivamente.
Me quedo con una pregunta, ¿Siguen siendo válidas las conclusiones del 2002 de que los salarios de los altos funcionarios en México son muy altos? Valdría la pena actualizar el estudio de Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero para no pasarse de la raya.