Cuando estábamos en campañas electorales, era complicado saber si la idea de trasladar las dependencias de la administración pública federal al interior del país era simplemente una propuesta para ganar votos o una idea bien estructurada para descentralizar la vida nacional.
Hoy sabemos que el Presidente Electo estaba hablando en serio, pero desde fuera se percibe que no le han pensado mucho, no han presentado una justificación del programa, ni de la elección de las ciudades, ni han puesto sobre la mesa un plan con actividades, tiempos y costos.
En la discusión ha salido a relucir la experiencia del Inegi, que se trasladó a la ciudad de Aguascalientes a mediados de los ochentas, hace poco más de 30 años. Fui parte del grupo que nos tocó impulsar el proceso en esa época bajo el liderazgo de Rogelio Montemayor y tuve la fortuna de regresar a Aguascalientes, a trabajar en el Inegi, 20 años después.
Las opiniones respecto a la experiencia del Inegi han sido a favor y en contra. Yo no tengo duda que el caso del Inegi habla a favor del proceso de traslado de las dependencias al interior del país y de la importancia que esto tiene para las comunidades de destino; muestra que cuando las cosas se hacen con la debida planeación un proceso de esta naturaleza se puede realizar exitosamente, aunque sin duda hay pros y contras que es necesario tomar en consideración.
En un libro recientemente editado por el BID denominado: ¿A quién le importa saber?, se analizan dos particularidades del Inegi y del Instituto Brasileño de Estadística y Geografía (IBGE), que son de las pocas instituciones en el mundo donde se tienen las responsabilidades estadísticas y geográficas en la misma institución, y las dos se encuentran fuera de la capital del país; en el caso del IBGE, cuando la capital se mudó a Brasilia, el instituto se quedó en Río de Janeiro. Los autores del estudio concluyen que la distancia ha contribuido a su independencia y a su solidez técnica; sin embargo su ubicación fuera de la capital contribuye a su aislamiento y la limitada movilidad laboral no permite la fertilización cruzada.
Además de un análisis serio de los pros y contras a nivel de cada institución, un aspecto central es definir qué áreas de la dependencia se trasladarán y cuáles, por eficiencia, deben permanecer en la CDMX. El Inegi sigue teniendo oficinas en la CDMX, aunque la gran mayoría de las actividades se realizan en Aguascalientes y en las diferentes sedes del instituto en el interior del país. En su momento la Dirección de Cuentas Nacionales se quedó en la CDMX, hoy esas actividades podrían realizarse en Aguascalientes sin ningún problema. Lo único que en mi opinión debería permanecer en la CDMX son las vicepresidencias, ya que su función principal tiene que ver con la Coordinación de los Sistemas de Información y esa responsabilidad requiere de una gran interacción con las dependencias de la administración pública federal. Así debería ser con el resto de las dependencias, no deberían trasladarse aquellas actividades que pudieran afectar seriamente la eficiencia.
Además de lo anterior, es necesario identificar qué piensan los que laboran en la institución, el factor humano, ¿Quiénes estarían dispuestos a mudarse y cuáles son sus necesidades? ¿Quiénes no estarían dispuestos o no podrían mudarse y cuáles son las opciones para estas personas? Lo anterior es indispensable para definir la logística, el paquete de estímulos para los que se trasladarán y el costo de las indemnizaciones para los que no.
De manera paralela se debería: estudiar las condiciones de la ciudad de destino, la disponibilidad de servicios médicos y educativos, el mercado laboral y las comunicaciones; realizar una estimación de las inversiones que se requieren para que el traslado no genere un problema en las comunidades receptoras (espacios para oficinas, escuelas, financiamiento vivienda, servicios de salud, etc.); identificar los asuntos que se tendrían que acordar con los gobiernos locales; elaborar el cronograma para que todo se realice en tiempo y en orden; y estimar cuánto costaría todo el programa.
Con toda esa información, los que muy pronto tendrán la responsabilidad de invertir con eficiencia, eficacia y efectividad el gasto público tendrían que hacerse la pregunta que todos los gobiernos tienen la obligación de responder: ¿Invertir en el traslado de las dependencias del Ejecutivo federal al interior del país es el mejor uso de los recursos públicos o habría mejores formas de invertirlos?