Mucho se ha escrito sobre la disminución de los contrapesos que va a tener el próximo Presidente de México en virtud de su triunfo en las pasadas elecciones y de la famosa cláusula de sobrerrepresentación, que de acuerdo a José Antonio Crespo, colega del CIDE, le da a la alianza 18 por ciento más legisladores de los que marcaría la decisión del electorado.
Se acabó el espacio de negociación con el Poder Legislativo, al menos como lo conocimos en el pasado reciente. Los contrapesos de los gobiernos locales respecto del federal también estarán muy mermados, tanto por la presencia mayoritaria de Morena en muchos congresos locales, como por el anuncio de los 32 coordinadores estatales que dependerán directamente del Presidente y que se convertirán en sus representantes en cada entidad federativa.
En este contexto cobran especial relevancia otros contrapesos, como los que provienen de los Órganos Constitucionalmente Autónomos que se han creado en muy diversas materias, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La generación de información estadística por parte de organismos con independencia profesional es uno de los contrapesos más importantes, no sólo en México, sino en todos los países del mundo, ya que buscan generar una visión de la realidad del país con independencia del poder político.
Sobre este tema, el BID presentó un libro denominado: ¿A quién le importa saber? La economía política de la capacidad estadística en América Latina. En el libro se analizan los factores de economía política que inciden en el fortalecimiento y el funcionamiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales a partir de diez estudios de caso. Uno de los factores de economía política que se analizan es la intervención del Presidente del país.
El caso de Argentina, que se denomina: "Los costos de la intromisión del Ejecutivo en la capacidad estadística", muestra cómo la información provista por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dejó de ser creíble a partir de que reemplazaron funcionarios profesionales por personas ideológicamente afines al gobierno y se "planteó el concepto de 'estadísticas militantes' como las estadísticas producidas en función de un proyecto político". Fue un desastre, particularmente por la manipulación de las cifras oficiales de inflación.
El caso del Ecuador, no es de la misma magnitud que el caso de Argentina, pero también resulta relevante. Esta historia se denomina: "Los beneficios y peligros de un presidente interesado en el sistema estadístico" y cuenta cómo el INEC se fortaleció por el perfil académico del Presidente Correa, que estaba consciente de la relevancia de la información estadística; sin embargo, las cosas cambiaron cuando venían las elecciones y la información no le era favorable por la coyuntura económica adversa. En esa circunstancia se debilitaron tanto el INEC, al que se critica porque no pudo defender su autonomía, como el Banco Central, por haber retrasado la publicación de estadísticas políticamente sensibles.
La prueba de la autonomía para una oficina de estadística no se da cuando las cosas van bien, sino cuando los datos no son favorables para el gobierno en turno; y de igual manera para el poder político, en términos de respetar esa autonomía en circunstancias adversas.
Aunque no se presenta en el libro, el caso extremo es Venezuela donde el gobierno y el Banco Central dejaron de publicar estadísticas desde hace varios años.
En el libro del BID también se analiza el caso del Inegi, que obtiene la mayor calificación en el Índice de Capacidad Estadística Nacional de los diez países estudiados, y sobre el que se escriben frases como "Pese a esas atenuaciones (se refieren a alguna influencia de la SHCP y el Banco de México en la ley reglamentaria) cabe remarcar que es probable que el carácter del Inegi como un órgano separado y autónomo de cualquier otro poder de gobierno sea único a nivel mundial".
Sirva lo anterior, para insistir en que una etapa en la que se perfilan cambios muy relevantes en la estructura de la administración pública de nuestro país, es fundamental cuidar que los integrantes de los órganos directivos de las instituciones autónomas respondan al mandato de la institución y no a un proyecto político. En algunos casos, particularmente en la Cofece y en el IFT, los aspirantes a comisionados tienen que pasar un examen, que es diseñado y evaluado por tres instituciones autónomas, el Banco de México, el Inegi y el INEE, pero en otros casos sería relativamente sencillo disminuir la autonomía de los Órganos Constitucionalmente Autónomos a través de nombramientos de personajes afines a un proyecto político.
Todos tenemos que hacer nuestra parte: las instituciones autónomas viviendo y defendiendo su autonomía; el poder político respetando esa autonomía, aún cuando por determinadas circunstancias no se vea favorecido su proyecto político; y la sociedad civil interviniendo cuando se considere que alguna o ambas partes no estén cumpliendo con ese mandato.