En artículos anteriores he analizado diferentes aspectos de las propuestas del candidato de Morena que han cambiado y en las que encuentro consistencia entre lo propuesto en el 2006 y en el 2018. Una de las propuestas que se ha fortalecido en los últimos doce años, es la idea de hacer una reasignación importante del gasto público.
En el 2006 se proponía reorientar a gasto social y gasto de inversión y fomento alrededor de 200 mil mdp; la mitad (100 mil millones) se obtendría a partir de una nueva estructura salarial, un ajuste en las estructuras de mando, ahorro en conceptos no prioritarios, y consolidación y reajuste en varios programa de bajo impacto. Los otros 100 mil millones de pesos se obtendrían del combate a la corrupción y a la evasión fiscal, y de una mejor recaudación por simplificación administrativa.
Comparar estas cifras con la propuesta del 2018 no es tarea sencilla, porque las cifras van y vienen. En su libro "2018: La salida", el candidato señala que por reasignación del gasto público se obtendrían 362 mil millones de pesos. Abel Hibert, por su parte, detalló en la presentación del programa económico, que se obtendrían 412 mil millones de pesos a través de medidas de ahorro y uso racional de los recursos. Gerardo Esquivel, a su vez, mencionó en una entrevista reciente que se resignarían 350 mil millones. Quedémonos con el promedio, 375 mil millones de pesos, un incremento de 275% nominal entre la propuesta del 2006 y la del 2018.
Se trata de una propuesta mucho más ambiciosa que la planteada en el 2006, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos. Los cien mil millones representaban el 0.9% del PIB del 2006; los 375 mil representan el 1.9% del PIB del 2016. En términos del gasto programable del gobierno federal los porcentajes serían 6.0% y 9.0% para el 2006 y el 2016 respectivamente (tomo este último año porque son los últimos datos del Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos del Inegi). A mí me parece que sería muy complicado tener una reasignación de esa magnitud, sin afectar sensiblemente varios programas de gobierno.
De todas las propuestas de ahorro tomo la primera, la que se refiere a la disminución de los sueldos de los servidores públicos de mandos superiores. En el 2006 se pretendía reducir el sueldo del Presidente de la República a la mitad y que ningún otro funcionario de la administración pública recibiera una percepción mayor, además de eliminar los puestos de Jefe de Unidad y Director General Adjunto. La propuesta, ya de por sí muy agresiva, daba como resultado un ahorro de 5,900 millones de pesos, el 1.3% del gasto en servicios personales del gobierno federal del 2006. En la nueva propuesta se planea un ahorro por reducción de "sueldos de los altos funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales" por 56,130 millones de pesos, el 7.0% del gasto en servicios personales del 2016. No veo forma de operar un recorte de esta naturaleza, sin perder la experiencia acumulada por miles de servidores públicos y sin afectar severamente los servicios que el gobierno federal debe prestar por ley.
No obstante, considero muy adecuado plantearse una reingeniería del presupuesto; cualquiera de los candidatos que gane la Presidencia de la República debería hacerlo. Todos los que hemos participado en el sector público sabemos que existen márgenes para obtener ahorros públicos relevantes sin afectar el funcionamiento general del gobierno. El desafío es obtener ahorros importantes y al mismo tiempo mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio del gasto.
Sin duda el capítulo de servicios personales tiene oportunidades de reducción, pero la estrategia debería descansar más en la eliminación de programas que se duplican o empalman entre dependencias, la eliminación de aquellos que están excesivamente pulverizados y que, por tanto, tienen un impacto prácticamente nulo en el problema que pretenden resolver; y, si realmente se busca hacer cambios de fondo, eliminar las duplicidades, empalmes y pulverización de programas entre órdenes de gobierno, lo cual implicaría modificar las relaciones financieras intergubernamentales, como lo ha señalado Fausto Hernández Trillo, colega del CIDE.