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Opinión

Uno, de cada 272

22/01/2018
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violencia
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Tepexco es un pequeño poblano, ubicado en los límites con Morelos; como es frecuente en la región mixteca, es un municipio con alto grado de marginación. En el último censo, Tepexco contaba con apenas seis mil 580 habitantes. Sin embargo, el municipio no es un lugar tranquilo, sino un hervidero de conflictos sociales y de violencia. Desde tiempo atrás, Los Rojos y otras células criminales operan en la región. El 29 de diciembre de 2016 los cuerpos de tres comerciantes fueron encontrados en un paraje del municipio. Pocos días después, el 4 de enero de 2017, un grupo de pobladores bloqueó una carretera y tomó el palacio municipal. Exigían la renuncia del alcalde, Antolín Vital Martínez, a quien acusaban de no hacer nada ante los constantes robos. Anteriormente el alcalde había sido objeto de denuncias por actos de violencia; meses atrás los roces con sus gobernados, y con otros miembros del ayuntamiento, lo habían obligado a despachar desde su casa.

Veinte días después del bloqueo –el 24 de enero de 2017– Vital Martínez fue asesinado cuando circulaba en la carretera que va de Puebla a Izúcar de Matamoros. La Fiscalía General del estado señaló que las investigaciones apuntaban a una “venganza personal” (tal vez relacionada con alguna de las denuncias que se habían presentado en contra del alcalde). Sin embargo, en los meses subsecuentes al asesinato no se encontró a ningún culpable. La muerte de Vital Martínez no significó el fin de los conflictos en Tepexco. La actual alcaldesa también ha sido blanco de señalamientos y protestas, desde intimidación y abuso de poder, hasta de desviar los apoyos para los damnificados del sismos del 19 de septiembre.

Hay muchos lugares como Tepexco en el país. Antolín Vital fue sólo el primero de los nueve alcaldes ultimados el año pasado. La cifra es escalofriante si pensamos en términos relativos. En el país hay dos mil 448 municipios. Es decir que el año pasado fue asesinado uno de cada 272, lo que equivale a una tasa de 367 por cada cien mil (como comparación, Ciudad Juárez ha tenido, en sus peores, momentos tasas que rondan los 150 homicidios por cada cien mil habitantes).

Los homicidios de alcaldes del año pasado son un presagio negro para el proceso electoral que arranca. De las entidades donde se elegirá gobernador o alcaldes, varias podrían clasificarse como focos rojos. Guanajuato, donde se renovarán 46 ayuntamientos, fue el segundo estado con mayor número de ejecuciones en 2017; en Puebla, los ataques contra autoridades fueron recurrentes (además de Antolín Vital, también fue asesinado el alcalde de Huitzilan, Manuel Hernández); en Morelos, Los Rojos seguramente intentarán imponer en los ayuntamientos personas afines a sus intereses.

Desafortunadamente, no hay ninguna propuesta seria para evitar que la violencia empañe los comicios de este año. Aunque en elecciones pasadas se ha hablado de un 'blindaje', en la práctica sólo se han proporcionado escoltas y vehículos blindados a algunos candidatos que así lo solicitan. No obstante, esta protección no siempre llega a tiempo y a veces no es suficiente. El alcalde de Ciudad Altamirano, Guerrero, denunció en julio de 2016 que había recibido amenazas de muerte. Unas semanas después fue asesinado en una emboscada, donde también fueron heridos dos de los policías federales que le habían sido asignados como escoltas.

La violencia contra autoridades es particularmente severa en un conjunto de municipios de alto riesgo, predominantemente rurales, ubicados en el centro y sur: lugares como Petatlán (Guerrero), Tanhuato (Michoacán) o Tepexco, donde la violencia es parte de la vida cotidiana, pero a donde la opinión pública sólo voltea cuando ocurren las mayores tragedias. Sin embargo, el río está revuelto y ninguna autoridad ni ningún aspirante o candidato –incluyendo a los presidenciales– debería considerarse fuera de peligro.

En la cobertura de varios asesinatos de los alcaldes frecuentemente se dice algo de las exigencias de los criminales: algunos únicamente buscaban que la policía los dejara robar o traficar a sus anchas, pero en muchos otros casos pedían puestos, o una tajada del presupuesto.

Sin embargo, las exigencias, las extorsiones y las amenazas son sólo una cara de dinámicas más complejas. A veces también existe un conflicto entre distintos grupos criminales, a veces entre criminales y movimientos sociales o comunitarios, muchas otras entre organizaciones que tienen algunos rasgos de organización criminal y algunos de movimiento social. Independientemente de cuál sea el caso, los ayuntamientos desempeñan un papel crítico en los conflictos locales, a veces apoyando a uno u otro bando, a veces como árbitros. No hay nada novedoso ni excepcional en ello. Así es en todo el mundo (o al menos en los países donde hay una fuerza pública local). La diferencia es que en México asesinar a la autoridad dejó hace tiempo de ser una medida audaz y se ha convertido en un recurso habitual, que no implica un riesgo particularmente alto. La frontera entre la violencia puramente criminal y la violencia política se ha vuelto difusa.

Twitter: @laloguerrero

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.