Sesenta y uno. Ese es el número de policías que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber en 2017 en todo Estados Unidos. En la Officer Down Memorial Page se puede consultar el nombre, la fotografía, la fecha y causa de fallecimiento de cada uno (así como de otros 64 policías que el año pasado murieron en el cumplimiento de su deber por enfermedad o accidente). En Estados Unidos, como en cualquier país donde la autoridad se respete, el homicidio de un policía se considera inaceptable; es un hecho que siempre amerita ser investigado, castigado y recordado. En México –con menos de la mitad de la población– el año pasado se reportaron en prensa 290 ejecuciones de policías (a las que habría que sumar aquéllas que pasaron inadvertidas). Nadie se ha dado a la tarea de hacer un listado oficial de los policías caídos.
En Making Peace in Drug Wars, Benjamin Lessing (profesor investigador de la Universidad de Chicago) analiza una faceta de la violencia que se ha vuelto particularmente severa, y que todavía no ha recibido la atención necesaria: los conflictos entre organizaciones criminales y el Estado. Lessing ha investigado por años estos conflictos en Colombia, Río de Janeiro y México. Su investigación abona a la evidencia que sugiere que el Estado mexicano cometió un error muy grave al emprender desde hace diez años –tanto en el ámbito retórico como en el militar– una embestida indiscriminada contra el crimen organizado.
A lo largo de la historia la guerra ha sido tal vez el principal mecanismo para la consolidación de las instituciones públicas. En Europa, por ejemplo, los estados-nación surgieron del mundo feudal en buena medida por la necesidad de organizar una defensa eficaz ante la constante amenaza de invasión externa. De forma similar, las guerras mundiales hicieron necesaria una enorme movilización de recursos que sólo fue posible mediante la expansión y modernización de la administración pública.
El texto de Lessing plantea la pregunta de si la guerra contra el crimen organizado contribuye a la construcción de instituciones más sólidas. Su respuesta es ambivalente. El combate al crimen organizado en América Latina ha dado lugar a una versión menos exitosa de state-bulding. Ciertamente hoy México invierte mucho más que hace diez o veinte años en sus instituciones de seguridad. Como resultado, tenemos una fuerza pública más grande, pero no menos corrupta. Tenemos también un Estado que ha tolerado e incluso colaborado, como nunca antes en su historia reciente, con grupos armados ilegales de autodefensa (la 'Fuerza Rural' en Michoacán es sólo el ejemplo más notorio). Sin embargo, tal vez el síntoma más alarmante de la debilidad de nuestro Estado sean precisamente las ejecuciones de policías que constantemente reporta la prensa.
En la retórica oficial se ha descrito a Los Zetas, a Los Caballeros Templarios y ahora al Cártel Jalisco Nueva Generación, como si se tratara de actores externos a la sociedad, que deben ser exterminados o al menos derrotados (el discurso es muy parecido al que se usa en los conflictos armados convencionales). Sin embargo, como ilustra Lessing, las organizaciones criminales no son enemigos externos, sino grupos de interés estrechamente vinculados al resto de la sociedad. Aunque una organización sea 'desarticulada', aunque sus líderes sean 'abatidos' o encarcelados, sus negocios, sus sicarios y sus otros colaboradores, fuera y dentro del aparato de seguridad del Estado, continuarán operando por muchos años.
En este sentido, el crimen organizado no puede erradicarse de forma exitosa, al menos no a un costo aceptable para la sociedad. Los criminales tienen incentivos demasiado poderosos para responder al uso de la fuerza pública, y cuentan con demasiados recursos y vías para contraatacar. Lo que sí puede hacerse –y se ha hecho con relativo éxito en los tres casos estudiados por Lessing, aunque de forma esporádica– es usar la fuerza pública de forma condicional, para desincentivar aquellas actividades criminales que resulten más dañinas (como el homicidio de un policía).
El texto de Lessing es particularmente sugerente a la luz de la polémica propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer una amnistía a los criminales. La conclusión del estudio no va tan lejos como para afirmar que los crímenes deban ser perdonados. Sin embargo, sí resalta la importancia de cambiar el discurso, y sobre todo de dosificar y condicionar el uso de la fuerza pública en contra de los criminales. La enseñanza que nos dejan tres décadas de 'guerras contra el narco' en Brasil, Colombia y México parece clara. Se puede intentar una ruta técnica y políticamente difícil: usar la fuerza del Estado de forma selectiva o condicional. Puede que el intento fracase, pero también puede que no. Por otro lado, se puede insistir en la ruta que parece más fácil: usar todos los recursos disponibles de forma indiscriminada (como hicieron en buena medida Calderón y Peña Nieto). Esta última es una receta infalible para el fracaso.