Eduardo Guerrero Gutierrez

No queremos ver

Eduardo Guerrero Gutiérrez escribe que, de todas las actividades criminales que prosperan en México, la trata de personas es tal vez la más abusiva.

El año pasado, por estas fechas, una adolescente de 15 años, originaria de Chiapas, dio a luz en un hospital de la Ciudad de México. La menor había sido obligada a prostituirse y habló sobre su situación con personal del hospital. Alguien decidió denunciar: una heroína o héroe anónimo del que sólo sabemos que detonó un operativo donde fueron rescatadas 17 víctimas de trata de personas –incluidas niñas de 12 años– que eran explotadas en distintos bares de Tacubaya.

La trata de personas y la explotación sexual no son ningún secreto. Ocurren de forma más o menos pública y cotidiana en los antros, hoteles y calles de ciudades por todo el país. De todas las actividades criminales que prosperan en México, la trata de personas es tal vez la más abusiva. Las víctimas frecuentemente son menores de edad: jóvenes que son engañadas o arrancadas a la mala de sus hogares y que son explotadas por años –muchas veces en condiciones inhumanas–. Son sobre todo mujeres, la mayoría vienen de hogares muy pobres, otras son migrantes, muchas han pasado demasiado tiempo en condiciones de explotación y ni siquiera se reconocen como víctimas. A pesar de esta situación de vulnerabilidad extrema, la sociedad y el gobierno las han dejado solas.

Tlaxcala es tal vez el único estado donde algunos académicos, periodistas y grupos religiosos, se han dado a la tarea de investigar a profundidad y visibilizar este fenómeno. Desde 2003, el Centro Fray Julián Garcés ha promovido una serie de estudios con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de Tlaxcala y organizaciones como Sin Fronteras IAP y Unifem. Desafortunadamente, esta importante labor de investigación ha generado la percepción errónea de que Tlaxcala es una suerte de 'paraíso' para los tratantes. Incluso se ha llegado a afirmar que 80 por ciento de los casos de trata se concentra en Tlaxcala (el dato resulta imposible de constatar tomando en consideración que la trata de personas es un delito con una bajísima tasa de denuncia e investigación). Las estimaciones con las que contamos sugieren que hay decenas o cientos de miles de víctimas (si consideramos también la trata con fines distintos a la explotación sexual). Sin embargo, el número de casos que anualmente son investigados por las procuradurías y fiscalías no llegan al millar y el número total de víctimas atendidas ronda por las dos mil. Por otra parte, aunque no tengamos una idea muy clara sobre la magnitud de este fenómeno, podemos afirmar que está presente en las 32 entidades federativas (entre las entidades donde hay indicios de que existe un problema grave, pero que permanece oculto, destacan Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca o Veracruz).

Por otra parte, la Ciudad de México es la única entidad donde se hace un esfuerzo sostenido, aunque todavía insuficiente, por llevar a cabo operativos que año con año permiten rescatar víctimas y capturar tratantes. La fiscalía especializada en la materia dentro de la Procuraduría capitalina rescata unas 300 personas al año, y ha logrado sentencias condenatorias para algunos de los tratantes más peligrosos, así como la clausura de algunos de los hoteles y antros donde se permite la explotación sexual (como ocurrió el año pasado después del operativo en Tacubaya). Por supuesto, después del rescate sigue la que tal vez sea la parte más difícil: dar a las víctimas el apoyo que necesitan para empezar a reconstruir sus vidas.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), las entidades más problemáticas en términos delincuenciales son, paradójicamente, donde menos denuncias por delito de trata se registran. Lo anterior sugiere que la población tiene miedo a que una eventual denuncia pueda dar lugar a represalias. La investigación sobre el tema que ha desarrollado un equipo en Lantia Consultores apunta también a que en muchos estados la Procuraduría o Fiscalía simplemente ha optado por no destinar recursos sustantivos a combatir la trata de personas. Lo anterior tal vez se deba a que los responsables consideren que hay otros temas más apremiantes en la agenda de seguridad. Sin embargo, también es probable que haya resistencia a investigar el fenómeno, pensando que si la trata de personas no está en la agenda pública, es como si no existiera, y que así se evita un problema de imagen.

Es necesario que cambiemos esta mentalidad. Para combatir la trata de personas es indispensable visibilizar el fenómeno. No sólo se requieren campañas abstractas. Se requiere documentar dónde y cómo ocurre, como ya se hizo en Tlaxcala. También es central informar a la población vulnerable sobre los riesgos, y capacitar a personas estratégicas (por ejemplo, a quienes trabajan en actividades de transporte de pasajeros o en bares y hoteles) para que aprendan a reconocer indicios de un caso de trata. Por último, es indispensable que las autoridades de cada estado investiguen de forma continua y proactiva. Es lo mínimo que les debemos a las víctimas y a sus familiares.

COLUMNAS ANTERIORES

Tres prioridades para la seguridad del próximo gobierno
Las candidatas y la seguridad: más allá de las propuestas

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.