'Lame Duck'
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'Lame Duck'

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Opinión

'Lame Duck'

15/01/2018
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Gabinete EPN
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La recta final de un mandato es un periodo excepcional en muchos sentidos. Por un lado, es más fácil tomar decisiones irresponsables (las consecuencias de mediano plazo dejan de ser una preocupación central). Los 'bonos sexenales' y el disparo generalizado del gasto público han sido históricamente los síntomas más obvios, pero no los únicos, de esta irresponsabilidad. Por otro lado, los últimos meses
–después de las elecciones– también podrían ser una oportunidad para tomar decisiones necesarias pero impopulares. Lame duck (literalmente un 'pobre pato') es el término anglosajón para los gobernantes próximos a dejar su puesto. De acuerdo con algunas fuentes el término se originó en el Londres del siglo XVIII, donde un lame duck era un corredor de bolsa que no pagaba sus deudas. Un lame duck es también un pato viejo o enfermo que ya no es capaz de seguir a su parvada, y es presa fácil para los depredadores. El término se ha adaptado bien a la política.

Los cambios más recientes en el gabinete de Peña Nieto corresponden con una práctica característica de un lame duck: refugiarse en su círculo más cercano. Con un horizonte de tiempo corto, el titular del Ejecutivo pierde la necesidad de mantener el apoyo de una coalición amplia. Es el momento ideal para ejercer el poder rodeado de los más cercanos. La salida de Miguel Ángel Osorio Chong de Bucareli estaba anunciada (después de perder la apuesta por la candidatura del PRI, hubiera sido difícil para el hidalguense convencer a sus interlocutores de que contaba con el completo respaldo del presidente). En lugar de Osorio Chong, Peña Nieto colocó a Alfonso Navarrete Prida, con quien ha colaborado desde los inicios de su carrera (cuando Navarrete era procurador general de Justicia y Peña, secretario particular, en la administración del gobernador mexiquense Arturo Montiel).

El presidente eligió a alguien de su absoluta confianza para lo que se anuncia como un año lleno de riesgos y desafíos. Navarrete Prida deberá hacer frente a la peor crisis de inseguridad en la historia institucional del país, y lo deberá hacer desde una estructura desprestigiada, que todo el mundo quiere desmantelar (la supersecretaría de Gobernación, que se estableció a principios del sexenio, tras la desaparición de la SSP). Sin embargo, tal vez la encomienda más difícil de Navarrete Prida sea en el plano político. A menos que las elecciones de julio próximo se ganen –o se pierdan– por un margen amplio, el inquilino del Palacio de Covián tendrá que lidiar con un conflicto poselectoral. Navarrete Prida tiene presente que los meses que se vienen son turbulentos. Es poco probable que llegue con la intención de introducir algún cambio audaz (insistió varias veces al tomar protesta “aquí no se viene a improvisar”). En su caso, evitar rompimientos severos del orden público podría considerarse un éxito.

Alberto Bazbaz Sacal fue nombrado titular del Cisen. Imposible que el equipo de EPN no anticipara las críticas y las burlas (el nombre del funcionario inevitablemente remite a la pifia que fue el caso de Paulette Gebara).

Desafortunadamente, los políticos mexicanos siguen sin estar convencidos de que la inteligencia sea un tema de profesionales, o un tema de seguridad nacional. A pesar de los diez años de crisis de inseguridad, nadie se ha propuesto transformar en serio al Cisen, una institución que fue creada para las necesidades de otros tiempos, cuando lo prioritario no era el combate al crimen organizado, sino el espionaje de adversarios políticos. En año electoral, con el fantasma de los señalamientos de corrupción, y cuando el golpeteo sube de tono, Peña Nieto y su flamante secretario de Gobernación decidieron dejar ese aparato en manos de alguien de su círculo cercano.

La principal excepción dentro de los movimientos del gabinete de la semana pasada fue el nombramiento de Roberto Campa Cifrián al frente de la Secretaría de Trabajo. A diferencia de muchos otros funcionarios, que han sido un lastre para el gobierno de Peña, Campa ha demostrado ser un activo. Campa llegó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob en un momento sombrío: en el año previo a su nombramiento tuvo lugar la matanza de Tlatlaya y la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Exactamente un mes después ocurrió la masacre de Tanhuato. A pesar del descrédito de la posición oficial en torno a estos casos, Campa logró mantener el diálogo con las principales organizaciones de protección a los derechos humanos. Algunos de los activistas más importantes con los que trabajó (y que instintivamente son recelosos de cualquier persona que forme parte de un gobierno del PRI) incluso reconocen a Campa como un funcionario confiable y conciliador. Su inclusión dentro del gabinete es una de las pocas posibilidades que le quedan a esta administración de proyectar hacia el futuro un liderazgo político.

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Twitter: @laloguerrero

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.