La historia no lo absolverá
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La historia no lo absolverá

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La historia no lo absolverá

03/09/2018
Actualización 03/09/2018 - 10:31

Enrique Peña Nieto se despide. El presidente, disminuido por el triunfo electoral de Morena, tiene en estos días, con motivo del Sexto Informe de Gobierno, su última oportunidad para dominar la agenda pública. El texto del informe será autocomplaciente. El apartado “México en Paz” (el título parece irónico) no incluye cifras de homicidios que den cuenta de la magnitud de la violencia que los mexicanos hemos padecido durante los últimos años. Sin embargo, en los spots y en las numerosas entrevistas que concedió en días previos, Peña Nieto ha presentado una narrativa hasta cierto punto novedosa. Ya no pretende que las cosas van bien en materia de seguridad, y se limita a reconocer que le tocará a otros lograr lo que no se pudo en este sexenio.

Las explicaciones del mandatario saliente no son satisfactorias. En particular, me llama la atención que Peña Nieto se escude en el argumento de la insuficiencia presupuestal. En una entrevista con Denise Maerker dijo, refiriéndose al fracaso en el combate a la inseguridad, “siempre he creído que, para que esto pueda tener mayor éxito, hay que hacer una mayor inversión”. El presidente nos dice que simplemente no era posible hacer mucho más por la seguridad de los mexicanos sin comprometer seriamente las finanzas públicas. Sin embargo, si analizamos las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que observamos es que durante el actual sexenio el gasto en seguridad, que de por sí ya había aumentado de forma acelerada en el gobierno de Calderón, mantuvo una tendencia ascendente. De 2012 a 2018 el presupuesto conjunto de las Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, aumentó 24 por ciento en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación).

Por otra parte, es interesante que Peña Nieto enfatice que el deterioro de la seguridad en la segunda mitad de su gobierno (cuando el PRI comenzó a perder gubernaturas en cascada) fue un reflejo de la falta de coordinación con los gobiernos estatales. También es revelador que Miguel Ángel Osorio Chong haya salido a defender la semana pasada lo que parecía indefendible: que la seguridad permanezca en la Secretaría de Gobernación. Desde su perspectiva, al parecer, la reconstrucción de la seguridad es fundamentalmente un asunto de trabajo político con los gobernadores.

En su despedida, Peña Nieto insiste en defender la “verdad histórica” de la PGR en relación con la desaparición de los 43 estudiantes: en particular que los cuerpos fueron incinerados por un grupo criminal en el basurero municipal de Cocula. La opinión pública tal vez olvide los escándalos de corrupción (a fin de cuentas, la casa blanca queda opacada por los excesos de algunos gobernadores contemporáneos y de varios de los presidentes del PRI en el siglo XX). Sin embargo, la desaparición de los normalistas será la tragedia que sintetice las miles de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de los años de guerra contra el narco. Así como el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz quedará por siempre vinculado a la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, los hechos de Iguala serán el principal hito de los años de Peña Nieto. Por ello es comprensible que Peña Nieto regrese al tema al final de su mandato, y que enfatice que en esta ocasión la masacre fue perpetrada por un grupo de delincuentes, no por el Estado.

Desafortunadamente, la explicación de Peña de la tragedia es también insatisfactoria. No se hace referencia a los cuestionamientos de los observadores externos y los organismos internacionales. Una vez más, la semana pasada los forenses que participaron en la investigación independiente de los hechos señalaron que, a su juicio, no hay “elementos científicos objetivos” que sustenten la incineración de 43 cuerpos en ese lugar.

El presidente también omite que la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia va mucho más allá de cuál haya sido el destino final de los cuerpos de los estudiantes. Cuando se reconstruya la historia de estos años será indispensable revisar todas las omisiones que hicieron posible que la alcaldía de una ciudad mediana estuviera controlada por el crimen organizado a tal extremo que un día la policía municipal secuestró a varias decenas de estudiantes y los entregó sin más a los criminales. Lo que faltó para evitar la noche de Iguala y otras tragedias no fue dinero, sino voluntad política para intervenir a tiempo. Peña Nieto no sólo se va con un incremento de 60 por cierto en las ejecuciones (si comparamos las 13 mil 600 que hubo en 2012, con las más de 22 mil que, a menos que ya haya un cambio de tendencia, alcanzaremos al cierre de 2018). También deja al país con decenas de alcaldes como José Luis Abarca que, para cualquier efecto práctico, trabajan al servicio del crimen organizado. Es poco probable que la historia lo absuelva.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.