Una terrible confusión y un exceso. Ésa es, hasta ahora, la principal explicación para el asesinato de Javier Salomón, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz, los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco, el mes pasado. La narrativa recuerda en algo la historia que se nos ha contado sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre 2014. Los criminales piensan que van a ser atacados (como ocurrió en Iguala) o que pueden dar un golpe contundente a sus rivales (algo así habrán pensado los sicarios del CJNG cuando interceptaron a los jóvenes que salían de una casa asociada a un grupo rival llamado Cártel Nueva Plaza, o cuando interrogaron y golpearon hasta la muerte a una de las víctimas). Más tarde, cuando los criminales se dan cuenta de su error, es demasiado tarde y en su afán por cubrir sus huellas cometen nuevos excesos: en el caso de los tres estudiantes de cine, disponer que los cuerpos de las víctimas sean disueltos en ácido.
Lo ocurrido en Tonalá revela errores trágicos y en cierto sentido excepcionales. Sin embargo, también ilustra el uso mecánico de formas extremas de violencia, que se han vuelto cotidianas ante la indiferencia de la sociedad y la permisividad de las autoridades. En el submundo criminal mexicano abundan los personajes siniestros como el rapero QBA, quien al parecer cobraba tres mil pesos a la semana al CJNG por diversas tareas, que incluían disolver cuerpos en ácido, y se jactaba en redes sociales al respecto. Sin embargo, junto a estos personajes sádicos hay una maquinaria anónima mucho más grande, que no necesariamente disfruta la violencia, pero que la ejerce como parte ordinaria de sus actividades. Éstas son las grandes burocracias criminales; los miles de halcones y sicarios —con y sin uniforme policial— que en todo el país cumplen de forma puntual las órdenes se sus jefes: amenazar, capturar, trasladar o asesinar. El fenómeno recuerda la 'banalidad del mal', el concepto que Hannah Arendt acuñó para describir la maquinaria de exterminio en la Alemania Nazi. Al respecto, es importante recalcar que la maquinaria mexicana de violencia criminal incluye actores estatales. Al parecer, cinco policías de Tonalá fueron avisados de la desaparición de los estudiantes y decidieron no hacer nada (estos elementos fueron detenidos y posteriormente liberados por violaciones al debido proceso).
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el genocidio de Estado y lo que vivimos en México. Aquí no hay una consigna ideológica o política de masacrar a la población. A la mayor parte de los gobernantes, como al resto de la gente, les horroriza la violencia que vivimos. No tienen ningún interés en que muera gente inocente. Sin embargo, de forma consciente o inconsciente han optado por ser permisivos. Saben que su aparato de seguridad, incluyendo mandos de la Policía y funcionarios de primer nivel en las fiscalías o procuradurías, trabajan al servicio de los criminales. En muchos casos están conscientes de que el riesgo de una tragedia es mayúsculo. "Vienen tiempos difíciles". Ese fue el pronóstico del gobernador Aristóteles Sandoval pocos días antes de la desaparición de los tres estudiantes de cine. Aún así, en Jalisco y en la mayor parte del país la permisividad hacia la violencia criminal sigue siendo la norma. Las acciones sólo llegan después de las grandes tragedias, e incluso entonces son tibias.
El problema de Jalisco no se limita a una serie de casos de violencia escandalosa. La desaparición de los tres estudiantes ocurre en un momento en el que el estado hace frente a una crisis de inseguridad generalizada. En el primer trimestre de este año hubo en el estado 281 homicidios vinculados con el crimen organizado, un aumento de 150 por ciento respecto al mismo periodo de 2017. En el último año los robos de vehículos asegurados crecieron 35 por ciento.
El contexto político no puede dejarse de lado al explicar la crisis de violencia e inseguridad como la que se vive en Jalisco. De cara a las elecciones del próximo 1 de julio la ventaja de Enrique Alfaro, candidato por Movimiento Ciudadano, es amplia. Una victoria del PRI prácticamente se descarta. El fracaso electoral que se vislumbra ha traído desánimo al gobierno estatal. Todo parece indicar que durante los últimos meses la Fiscalía General claudicó y de plano prefirió evitarse problemas con los criminales. Se les dejó apoderarse de más y más espacios, y pensar que tenían garantizada la impunidad. El caso de los tres italianos que fueron detenidos por la policía de Tecalitlán y entregados a los criminales fue una advertencia. Ahora que hay un nuevo conflicto criminal, por la aparente escisión de una facción del CJNG, no queda mucho margen de acción. Tampoco queda mucho capital político, ni en Casa Jalisco ni en Los Pinos, para dar la respuesta que sería necesaria.