Las alarmas empiezan a sonar fuerte. A dos meses de la elección, Andrés Manuel López Obrador mantiene una sólida ventaja de dos dígitos (de acuerdo al poll of polls de Oraculus, la diferencia entre Anaya y AMLO no se redujo de forma significativa después del primer debate y actualmente ronda los 16 puntos porcentuales). Quienes ven un peligro en la inminente victoria de Morena ahora buscan chivos expiatorios. La semana pasada Mario Vargas Llosa señaló que "con sus ataques e insultos a los mexicanos, Trump ha favorecido a López Obrador".
No hace falta ir tan lejos. El actual gobierno fue el que se esmeró en facilitar el triunfo de AMLO. No deja de llamarme la atención que el inquilino de Los Pinos no fuera capaz de enderezar el rumbo. A fin de cuentas, el presidente se rodeó de funcionarios capaces en algunos temas, y la economía se mantuvo a flote a pesar de la incertidumbre y de la abierta hostilidad de nuestro principal socio. Sin embargo, la misión central de esta administración no era en el ámbito económico, ni tampoco en la aprobación de las llamadas reformas estructurales (que han tenido una implementación deficiente, y beneficios más bien vagos para la mayor parte de la población). A principios de sexenio ya había un diagnóstico: era prioritario reducir la violencia criminal, que es el fenómeno que ha acabado con la tranquilidad a la que estaban acostumbrados la mayor parte de los mexicanos. Eso Peña Nieto lo tenía claro, por eso prometió en su campaña reducir a la mitad los homicidios.
Sin embargo, al momento de tomar las decisiones difíciles, al presidente le tembló la mano, prefirió delegar y mirar para otro lado. Por un criterio meramente político se desarticuló la Secretaría de Seguridad Pública y se colocó a la Policía Federal y al Sistema Federal de Readaptación Social bajo el control del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A principios del sexenio fui invitado a integrarme a la todavía Secretaría de Seguridad Pública (poco después, Comisión Nacional de Seguridad). Sin embargo, muy pronto fue notorio que no había buena comunicación entre el comisionado, Manuel Mondragón y Kalb, y sus jefes, y que en Segob no era prioridad cambiar la estrategia de combate al crimen organizado. Parecía que los mandos de la Policía Federal hacían lo que querían (o que recibían instrucciones directamente de algún funcionario ajeno a la CNS). En este contexto, la gestión de Mondragón fue un desastre. A los tres meses decidí que era mejor renunciar.
Sin embargo, el principal descuido de Peña Nieto no fue la fallida reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública federal, sino la negligencia en varios estados donde había una tendencia de repunte acelerado de la violencia. Veracruz es el ejemplo más obvio de este fenómeno (en 2017 se registraron mil 920 homicidios vinculados con el crimen organizado en el estado, más del cuádruple que en 2013). El gobernador Javier Duarte y su equipo solaparon la creciente presencia criminal en el estado. Sin embargo, en Los Pinos y en Gobernación se prefirió evitar hasta el último momento el costo político que habría significado intervenir (por ejemplo, exigiendo la remoción de los mandos de las instituciones estatales de seguridad pública). Lo mismo ocurrió en los principales destinos turísticos internacionales del país: Los Cabos y la Riviera Maya. El problema incipiente de violencia durante la primera mitad del sexenio se dejó crecer con tal de evitar un costo político que habría sido significativo pero manejable. En ningún caso se actuó a tiempo y hoy está en juego la supervivencia del PRI.
AMLO tiene hoy el monopolio de la oposición. Lo tiene por eliminación, porque Meade y Anaya, así como el PRI y el PAN de los últimos dos sexenios, no ofrecen prácticamente ningún contraste. López Obrador es el único que propone algo distinto a más 'guerra contra el narco'. No es casual que su discurso se aleje de forma diametral de lo que lleva años discutiéndose y proponiéndose —sin éxito— en materia de seguridad. Los ciudadanos están hartos del guion que los otros candidatos repiten, sin mucha imaginación y con nula convicción (como fortalecer las corporaciones policiales). La amnistía de AMLO es hasta ahora un planteamiento fundamentalmente retórico. Podría no llevar a ninguna parte si no se piensa bien en cómo se puede instrumentar y en qué se le puede exigir a quienes se beneficien de la amnistía. Sin embargo, ha sido un acierto en términos comunicacionales. AMLO ha insistido también en que piensa reunirse todos los días de madrugada con el gabinete de seguridad. La idea parecería superficial (es, a fin de cuentas, un tema de agenda, no una solución fondo). Sin embargo, revela la intención de asumir responsabilidad política por los hechos de violencia que se registran todos los días en el país, algo que Peña Nieto y la mayor parte de los gobernadores han evitado a toda costa.