El fin de la aventura federalista
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El fin de la aventura federalista

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El fin de la aventura federalista

22/10/2018

Durante casi toda su vida independiente, México ha sido una república federal. La principal experiencia formal de centralismo –la Constitución de las “Siete Leyes”, de 1835, promovida por Santa Anna– fue desastrosa y relativamente breve. Sin embargo, el centralismo de facto se ha impuesto por largos periodos de la historia mexicana. Por ejemplo, de acuerdo con Héctor Aguilar Camín, Porfirio Díaz “...sometió una a una las independencias regionales y eslabonó una escalera de poderes que empezaba en todas partes pero sólo terminaba en el centro: la Ciudad de México, el Palacio Nacional, la silla del presidente, el presidente mismo”. Después de Revolución, los gobiernos del PRI impulsaron una centralización todavía más efectiva del poder en el presidente y en la alta burocracia del gobierno federal.

Sólo hasta la llegada del pluralismo político en los últimos 20 años, los gobiernos estatales y municipales resurgieron como grandes espacios de poder político. No recaudan gran cosa, pero hoy en día los gobernadores y los alcaldes deciden cómo se gasta una gran tajada del presupuesto nacional. De igual forma, la mano invisible de Segob ha soltado el control político que tuvo, incluido el control sobre el aparato de seguridad de las entidades federativas. Actualmente los gobernadores manejan con discrecionalidad sus policías, sus procuradurías y sus penales (al menos hasta que la crisis los rebasa completamente y tienen que negociar algunas decisiones con el mando del operativo conjunto).

Hay que reconocer que nuestra aventura federalista no va del todo bien. Los peores excesos de corrupción en los últimos tiempos son producto de la ausencia de contrapesos en los estados. La violencia que sacude al país también se explica en buena medida por nuestro federalismo disfuncional. Los gobernadores y los alcaldes controlan al grueso de la fuerza pública. Sin embargo, tienen todos los incentivos para desentenderse de su responsabilidad en materia de seguridad (¿para qué plantar cara a los criminales si, cuando las cosas se ponen de verdad feas, la Policía Federal o el Ejército vienen al rescate?).

AMLO no oculta su intención de poner freno a la aventura federalista. Primero fue la designación de 32 coordinadores estatales (que al parecer tendrán la función de establecer un mayor control sobre la forma como se ejerce el gasto en los estados). La semana pasada López Obrador anunció un nuevo componente de su propuesta centralista: la división del país en 265 regiones de seguridad. Habrá que esperar algunos días para conocer más detalles. Por lo pronto sabemos que cada una de estas regiones será clasificada de acuerdo con la severidad de la incidencia delictiva (habrá tres categorías, incidencia alta, media y baja). De acuerdo con dicha clasificación, se asignarán por región un número de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, que podrá oscilar entre 300 y 600. Estos elementos trabajarán bajo un mando unificado. En cierto sentido, el planteamiento consiste en tener 265 operativos conjuntos permanentes, que cubran la totalidad del territorio nacional.

El proyecto de regionalización del país está pensado a imagen y semejanza de la división de la Ciudad de México en cuadrantes. Esta estrategia fue relativamente exitosa para lograr una mejor rendición de cuentas de la policía capitalina. Sin embargo, podría resultar muy difícil llevar a la práctica en todo el país una segmentación equiparable a la que existe en las colonias de la capital. Por una parte, fuera de las grandes ciudades la principal amenaza no es la delincuencia común, sino organizaciones criminales que se desplazan de un pueblo a otro, y que constantemente cruzarán los límites artificiales que dividan las 265 regiones.

Sin embargo, el principal desafío de la regionalización propuesta por AMLO es que, por fuerza, ignorará la división política del país. Un municipio localizado dentro de una región de incidencia delictiva “alta” no podrá por sí solo salir de esa categoría. De esta forma, la regionalización podría incluso agravar la falta de incentivos para fortalecer las corporaciones municipales.

No deja de llamar la atención que el nuevo gobierno prácticamente no habla de coordinación, una palabra que escuchamos hasta el cansancio en los años de Peña Nieto. También llama la atención que se destinen elementos y recursos a una fuerza de seguridad que cubrirá incluso las regiones más apacibles del país. Todo parece indicar que AMLO quiere encabezar personalmente una estructura que le permita jalar los distintos hilos que mueven la vida pública en el territorio (el presupuesto, una fuerza pública permanente y probablemente una red de promotores que gestionen sus programas sociales sin mayor intervención de las burocracias estatales y municipales). En sus tiempos como jefe de Gobierno, AMLO logró hacer algo así en la Ciudad de México. Otra cosa muy distinta será replicar este proyecto centralista en todo el territorio nacional.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.