Andrés Manuel López Obrador y su equipo reconocen lo que ya se sabía: que el Ejército no podrá regresar a los cuarteles en el futuro próximo. Intentar una retirada masiva de soldados implicaría abandonar regiones enteras del país donde el crimen organizado quedaría como el único factor real de poder. Sería también un suicidio político: cuatro de cada cinco mexicanos están a favor de que Sedena y Semar patrullen las calles. Ni AMLO tiene ese nivel de aprobación. Lo que llama la atención es el spin que se ha dado a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En las declaraciones más recientes ya no se habla de un retiro de las Fuerzas Armadas –así sea remoto, gradual y contingente a las circunstancias– sino de su "reconversión" en cuerpos abocados a la seguridad pública, respetuosos de los derechos humanos, un "Ejército de Paz".
La idea tiene su lógica. En conjunto, las Fuerzas Armadas disponen de más de un cuarto de millón de elementos y siguen siendo, por mucho, las instituciones de seguridad mejor evaluadas por la población. Parece ocioso que, mientras las autoridades civiles siguen completamente rebasadas por la crisis de violencia, los militares regresen a los cuarteles y se preparen para "defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación", como actualmente establece la ley, o para intervenir en casos de desastre. Es claro que, como policías, ese cuarto de millón de mexicanos le haría un servicio mucho mayor al país, que como soldados.
Desafortunadamente, hay razones para ser escépticos respecto a un cambio profundo en la forma de operar de las Fuerzas Armadas en el futuro próximo. Idealmente, un policía es un servidor público en el más estricto sentido del término. Aunque es responsable de vigilar el cumplimiento de la ley en las calles donde patrulla, su función primordial es de atención a los ciudadanos. Así ocurre en los países con instituciones más sólidas, y en los contados estados y municipios en México que se han tomado en serio la tarea de profesionalizar sus policías.
Es una ilusión pensar que los soldados puedan desempeñar adecuadamente esta tarea de servicio. En primer lugar, por un asunto de formación profesional. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para el combate, no para ejecutar órdenes de aprehensión, mucho menos para prevenir delitos. Esta diferencia de formación profesional se refleja, por ejemplo, en el altísimo índice de letalidad de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, los militares no operan bajo el mando directo de una autoridad civil. A diferencia de un alcalde, a un general le tiene más o menos sin cuidado lo que opinen las organizaciones de vecinos o de comerciantes. Por ello, en muchos países existen restricciones constitucionales para que las Fuerzas Armadas realicen casi cualquier actividad ordinaria de seguridad pública. Una excepción importante a estas restricciones son precisamente los territorios donde la población no tiene derechos políticos, como las colonias o los países invadidos. Históricamente, los ejércitos también han fungido como la policía de regiones "insubordinadas" (por ejemplo, en las dos décadas que siguieron a la guerra civil norteamericana los estados derrotados del sur fueron patrullados por militares).
El ADN del Ejército Mexicano no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, se podrían desarrollar algunas iniciativas a partir de la noción de un "Ejército de Paz". El próximo gobierno podría hacer una diferencia si llega a un nuevo acuerdo con las Fuerzas Armadas para moderar los excesos más frecuentes. Particularmente es necesario buscar instrumentos eficaces para frenar el "abatimiento" indiscriminado de probables delincuentes (que en algunos operativos ha sido el desenlace casi rutinario de cualquier choque entre militares y civiles), o para que los cateos de inmuebles y las detenciones se hagan conforme a derecho. Más allá de emitir normas y protocolos para el uso de la fuerza letal –que ya existen– o de impartir cursos a los soldados, lo que hace falta es cambiar la forma como se planean, se llevan a cabo y se reportan las actividades diarias de los elementos desplegados en zonas de alto riesgo.
Ahora bien, reconvertir a un segmento importante de las Fuerzas Armadas, para que desempeñe de forma permanente tareas de seguridad pública, implica buscar una fórmula para atender el desafío político, que es el más complejo. Hoy en día los militares en las calles son un mal necesario. Son los únicos que pueden proteger a la población, pero incurren en todo tipo de abusos. La principal razón por la que se saltan y se seguirán saltando las leyes es porque no confían ni en los jueces ni en los ministerios públicos ni en las autoridades electas de los lugares donde operan. La solución de fondo implica, primero, cortar el vínculo entre criminales y autoridades civiles, y luego colocar a todos los elementos que desarrollen tareas de seguridad pública bajo el mando de dichas autoridades. Si no se hace así no habrá un "Ejército de Paz" al servicio de los ciudadanos. Habrá una mayor militarización del país.