Desastre en la capital
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Desastre en la capital

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Desastre en la capital

01/10/2018

Como todos los años por estas fechas, la semana pasada el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe). La Envipe cae como un balde de agua fría después de la temporada de informes de gobierno. A diferencia de las cifras que reportan las procuradurías y fiscalías, no hay manera de manipular o cucharear las cifras. Por esa simple razón –y porque se trata de uno de los estudios más amplios y detallados de su tipo en el mundo, con una muestra de más de 100 mil viviendas– la Envipe es la principal herramienta que tenemos para evaluar el desempeño de nuestras autoridades en materia de seguridad. Antes de describir los resultados aclaro que el levantamiento de la Envipe se hizo en marzo y abril pasados. Sin embargo, las cifras de victimización se refieren a los delitos que ocurrieron a lo largo de 2017. Esta precisión es importante, pues en ese entonces todavía eran gobernadores y funcionarios públicos algunas figuras que acaban de tomar protesta como legisladores.

En un primer análisis de los resultados de la Envipe 2018 encontré varias malas noticias. La primera mala noticia es que los mexicanos cada vez nos sentimos más inseguros. En la encuesta de 2017 el 74.3 por ciento dijo sentirse inseguro en su estado; en 2018 esta cifra escaló a 79.4 por ciento. Este porcentaje aumentó en prácticamente todas las entidades federativas. Sin embargo, el aumento fue escandaloso en Nayarit, donde una de cada cuatro personas cambió de opinión (en 2017 todavía dijeron sentirse seguras, pero en 2018 dijeron sentirse inseguras). El deterioro de la percepción de seguridad también fue muy notorio en Aguascalientes, en Baja California y en Puebla. Sólo en Sinaloa, Veracruz y Morelos el porcentaje de la población que se siente inseguro disminuyó o permaneció prácticamente igual.

La segunda mala noticia es que los mexicanos tenemos razón de sobra en sentirnos más inseguros. De 2016 a 2017 la incidencia delictiva aumentó 6.4 por ciento. Aumentaron de forma acelerada los delitos patrimoniales como el robo a casa habitación (con un incremento del 13 por ciento) y el robo o asalto en la calle o el transporte público (con un aumento del 11 por ciento). Sin embargo, la conducta que tuvo un comportamiento más preocupante fueron las “amenazas verbales”, que en el ámbito nacional subieron 16 por ciento. Es probable en este fenómeno esté la clave para explicar la percepción de inseguridad de la población. Yo no descartaría que estas amenazas fueran indicativas de fenómenos delictivos más graves pero difíciles de medir, en particular el “cobro de cuota”. En Nayarit –el estado donde más avanzó la percepción de inseguridad– las amenazas verbales prácticamente se duplicaron.

Hay un grupo de seis entidades federativas donde los delitos aumentaron más de 25 por ciento: Tabasco, Zacatecas, CDMX, Puebla, Querétaro y Nayarit. Llama la atención el caso de la capital del país; en 2017 se cometieron 6.8 delitos por cada 10 personas, un aumento del 38 por ciento respecto a 2016. Un análisis de la serie histórica de la Envipe permite concluir que los últimos años han sido un completo desastre en materia de seguridad en la capital. En 2017, por primera vez en años, la Ciudad de México se “coronó” como la entidad con mayor incidencia delictiva. Desde 2012 y hasta el año pasado el dudoso mérito lo tuvieron de forma consistente nuestros vecinos en el Estado de México (cabe mencionar que el Estado de México sigue siendo la entidad con mayor prevalencia delictiva, es decir con mayor porcentaje de personas que fueron víctimas de por lo menos un delito, aunque en este indicador la CDMX también se acercó peligrosamente).

Una peculiaridad de la delincuencia en la Ciudad de México es que golpea de forma muy marcada a los más jóvenes. En la capital del país el 64 por ciento de las personas entre 18 y 19 años fue víctima de por lo menos un delito en 2017. Este porcentaje fue el más alto para cualquier grupo etario de cualquier entidad federativa. En contraste, en el resto de las entidades federativas la norma es que las mayores tasas de victimización se observen entre los mayores de 20 e incluso los mayores de 30 años. El equipo de Claudia Sheinbaum haría bien en tomar nota de este peculiar fenómeno de victimización juvenil y averiguar sus causas.

No hay mucho que celebrar a partir de los resultados de la Envipe. Sin embargo, concluyo con dos notas alentadoras. La primera, que hubo una disminución del 16 por ciento en la extorsión, lo que quiere decir que esas molestas, y a veces amenazantes, llamadas van a la baja. La segunda, que pesar del aumento en los delitos, no hubo mayor deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.