Opinión

Economía y reforma política

05 noviembre 2013 5:2

 
Si nos quejamos de la reforma fiscal, habría de responsabilizarse además del ejecutivo que la propuso, a los diputados y senadores, quienes la dejaron pasar. El punto central es que el futuro económico de México depende en buena medida de la interacción política de los tres poderes.
 
En la carrera por avanzar en las reformas estructurales que la administración de Enrique Peña Nieto emprendió, ahora toca el turno a la política, que también tiene serias implicaciones en los bolsillos de las personas y en la perspectiva de las empresas.
 
 
Después de quejarnos de 71 años de un sólo partido e iniciar una transición, debemos de aceptar que sigue en proceso y está lejos la maduración de nuestro sistema político. Estábamos claros en que las decisiones eran tomadas en forma unilateral por el presidente y avaladas en automático por los poderes legislativo y judicial. Si bien esto permitía un “avance” rápido en las medidas implementadas, era autocrático y fácilmente manipulable para favorecer a ciertos grupos de interés.
 
 
Después de superar el presidencialismo, el reto ahora es trascender la “partidocracia”. Es evidente que los grupos tienen intereses diferentes a los de la población que los eligió. De hecho, una práctica común de la oposición es estorbar al gobierno en turno, con tal de inducir a malos resultados y dañar la imagen; sin embargo, a final de cuentas perjudican a toda la ciudadanía.
 
 
Para minimizar esta tendencia a estorbar, la actual administración tuvo el acierto de negociar en el marco del Pacto por México, pero queda en evidencia la presencia de un poder fáctico por encima de nuestro sistema democrático; es decir, por arriba de los designios de la mayoría, porque los legisladores se ciñen en bloque a lo que dictan los partidos, independientemente de si los votantes están o no de acuerdo con ello.
 
 
Los diputados y senadores están más a la expectativa de sus líderes a quienes les deberán su chamba en el futuro, que a los votantes que los llevaron a la curul.
 
 
La gran pregunta es si los partidos dejarán a sus legisladores elaborar una reforma política que les reduzca su influencia y nivele las fuerzas para llegar a acuerdos consensados democráticamente.
 
 
Un buen número de puntos podrán ser tocados, como la reelección de diputados, senadores y alcaldes, que los empuja a inclinarse hacia los intereses de sus votantes para tener la posibilidad de mantenerse en su posición.
 
 
Con relación al IFE, el tema trasciende a un cambio de nombre, pues se ha convertido en un ente burocrático que derrocha una infinidad de recursos y al final está compuesto por cuotas de poder de los mismos partidos.
 
 
Otros aspectos, tales como generar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales; la reducción de plurinominales; o el desafuero, son elementos que habrán de definirse.
 
 
Una reforma debe tener como objetivo primordial romper con esa partidocracia para que se de agilidad a la gestión, la profesionalización de la función pública, para que sean verdaderos políticos de carrera. Por ello, uno de tantos puntos será el fortalecer la alternativa de candidaturas independientes, que pueden tener éxito en un entorno de local.
 
 
Es primordial reducir los gastos en el ámbito político, entre elecciones, vigilancia y subsidios. Por una parte aprueban una mayor recaudación y por la otra deberían bajarle a su propio derroche.
 
 
¿Lo harán?
 
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