Opinión

Dudas calderonistas

   
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(Cuartoscuro)

El índice de letalidad de las operaciones de las fuerzas federales elaborado por el CIDE surge de una base de datos supuestamente oficial, que le fue entregada de manera anónima al inicio de esta administración y que no es accesible para nadie. Debido a que no es frecuente que un estudio académico se realice a partir de una filtración anónima, se han formulado una serie de interrogantes para conocer detalles del origen y contenido de esa base de datos, sobre todo de los indicios fácticos de modo e intensidad de la interacción entre las fuerzas de seguridad y la población. La respuesta de los autores ha sido la descalificación personal: los 'calderonistas', dicen, no tienen legitimidad para cuestionar sus hallazgos. Más allá de la anecdótica reacción, lo que preocupa es la ligereza con la que se afirma que las Fuerzas Armadas responden a la orden y/o intención de aniquilar a presuntos delincuentes. Tal conclusión exige una discusión mucho más seria que, de entrada, no puede ni debe evadir las dudas que plantea la procedencia anónima de la información, como tampoco de la codificación realizada por el CIDE. Y, por los demás, cualquier cuestionamiento no debiera motivar la ira de nadie, sino mayor transparencia metodológica.

Las dudas centrales, además del anonimato, parten de la historia del registro de homicidios por presunta rivalidad delincuencial, publicado en dos momentos por la administración federal anterior (2006-2010 y enero-septiembre 2011). Esta base tenía como propósito sistematizar los homicidios (no los heridos ni los detenidos) relacionados con el crimen organizado. La construcción de la base enfrentó dos problemas desde el origen: los criterios de clasificación y la validación de las circunstancias de cada homicidio. No podía aportar 'información dura' sobre la autoría y móvil: esos datos sólo pueden provenir de una investigación ministerial. De ahí que el propósito de la base nunca fue la reconstrucción de hechos, sino servir de herramienta estadística para analizar el comportamiento de los homicidios en el país. Se recurrió entonces a algunas inferencias clasificatorias (características de la víctima, tipo de armas, mensajes, 'levantón' previo). A través de un mecanismo prácticamente manual de consolidación, la base se actualizaba constantemente. Un grupo interinstitucional decidía si se incluía o excluía un homicidio. Por ejemplo, si se aclaraba el móvil pasional de un homicidio, se retiraba de los registros. La base de datos se dejó de publicar –y de elaborar después– por las críticas que recibió: por un lado, de las procuradurías locales, por la clasificación de los homicidios y, por el otro, de organizaciones de derechos humanos, por la posible criminalización de las personas fallecidas. Meses después, por órdenes del IFAI, la PGR publicó la última versión de la base de rivalidad delincuencial, sin ningún cambio metodológico relevante.

El CIDE sostiene que la base filtrada contiene unas cuantas columnas adicionales a las originalmente incluidas en la base gubernamental. De esas columnas, dicen, se puede extraer el número de heridos por evento ¿Quién las integró y cuándo? ¿Con qué método? ¿Mantuvieron o cambiaron las inferencias en la clasificación? ¿Se utilizaron averiguaciones previas para complementar y discriminar registros? ¿Hasta qué momento se actualizó la base? ¿Cómo se determinó el número de heridos por evento si antes concentraba únicamente homicidios? ¿La validación por fuentes abiertas se limitó a verificar que el evento sucedió o se comprobó que efectivamente ocurrió en los términos descritos en la base? ¿Las notas periodísticas confirmaron la autoría material de los homicidios, los heridos y detenidos? No sabemos. Lo único que nos dicen es que las bases coinciden en el número de muertos y que menos de la mitad de los eventos pudieron confirmarse en Google.

Dar por buena la base filtrada demanda mucho más rigor que la mera coincidencia en el registro de homicidios, así como no basta el saldo de muertos y heridos de un bando y del otro para inferir una política intencional de aniquilamiento sobre población civil. Si el CIDE no puso en duda la veracidad e intencionalidad de una filtración anónima, otros deben hacerlo. Sí, empezando por los 'calderonistas', ya sea para debatir con los tontos útiles al servicio del priismo, con los pejistas de clóset o con los que, con buena intención, someten a crítica a la política.

* El autor es senador de la República.

Twitter:
@rgilzuarth

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