Opinión

Dos varas

    
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Enfrentamiento Tanhuato Michoacán (Cuartoscuro)

La semana pasada hubo un enfrentamiento en Michoacán (frontera con Jalisco) en el que hubo más de 40 muertos, casi todos ellos calificados como “agresores” por la Policía Federal, que sufrió un solo deceso. Los heridos fueron un puñado, de forma que no faltó quien acusó de inmediato a los federales de haber realizado una ejecución, o en el mejor de los casos, de excederse en el uso de la fuerza. Varios esgrimieron el caso Tlatlaya como soporte de la sospecha.

Es indudable que este enfrentamiento, como cualquier otro, merece una investigación que rara vez se realiza con la profundidad necesaria. A veces no hay personal suficiente para ello, a veces la escena es alterada muy rápidamente (como ocurrió con la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey en 2010). Y no dudo que haya ocasiones en que se intenta esconder un comportamiento inadecuado por parte de las fuerzas del Estado.

Sin embargo, es también llamativo que este tipo de acusaciones, críticas, o llamados de atención, no ocurran cuando los muertos son de esas fuerzas. La emboscada que sufrieron policías estatales en Jalisco hace un par de meses y en donde murieron 15 de ellos, o el derribamiento del helicóptero a inicios de mayo, no merecieron mayores comentarios. No hubo, prácticamente, mensajes de condolencia o apoyo a estas corporaciones, como no los ha habido en la gran cantidad de ocasiones en que sus integrantes son heridos, muertos, emboscados, desaparecidos, y sus familias perseguidas y atacadas por los criminales.

En la necesaria defensa de los derechos humanos, a veces se olvida que éstos son una invención del Estado moderno, sin el cual no pueden existir. Sin él, aparecen autodefensas, policías comunitarias y otros sobrenombres de señores de la guerra que rápidamente destruyen lo poco que se ha construido en derechos humanos.

La única forma de defenderlos a fondo es contar con un Estado fuerte, pero limitado por la ley. Frente al entorno de corrupción construido durante los últimos 100 años, muchos creen que lo mejor sería el debilitamiento del Estado. No es así, sino al contrario. Un Estado débil es el espacio del abuso, como puede certificar cualquier persona que ha vivido bajo el control de otros grupos en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, o en donde sea. Pareciera que hay muchas personas que, en el fondo, quisieran ver derrotado al Estado mexicano. Celebran la capacidad de fuego de los criminales que derriban un helicóptero, y critican el uso de otro para enfrentarlos.

Como se ha dicho, de lo que se trata es de contar con un Estado fuerte, pero limitado. En consecuencia, es de la mayor importancia avanzar en esos límites, que no pueden ser otros que la ley. Por eso deben hacerse investigaciones en estos casos, y por eso deben castigarse abusos de las Fuerzas Armadas, y con mayor fuerza la participación de integrantes de ellas en crímenes, como también ha ocurrido.

Pero la impresión que tengo es que en la “opinión pública” hay dos varas para medir. Una para el crimen o la subversión, y otra, mucho más dura, para las fuerzas del Estado. Ignoro si la aversión al Estado es reciente, proviene del 68, es resultado de la Revolución, o es pura y llana confusión. Pero, insistiría, sin un Estado fuerte es imposible garantizar los derechos humanos. Es necesario fortalecer y limitar al Estado, al mismo tiempo. No debilitarlo, ni sucumbir a su abuso.

Twitter: @macariomx

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