Opinión

Dos anuncios promisorios

  
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la separación de Enrique Galindo como Comisionado General de la Policía Federal.

La semana pasada se nos fue entre el duelo por la muerte de Juan Gabriel y los dolores de cabeza que causó la sorpresiva visita de Donald Trump. El Cuarto Informe de Gobierno pasó sin pena ni gloria. La aparición central del presidente en un diálogo con jóvenes que pretendió ser innovador y abierto, resultó demasiado coreografiada, incluso para estándares de una producción oficial. Sin embargo, al margen del Informe hubo dos anuncios que sí podrían resultar promisorios.

El primero fue la salida de Enrique Galindo de la Policía Federal. La remoción de Galindo manda un mensaje importante: los mandos de las instituciones de seguridad deben ser responsables por los errores y los abusos por parte de su personal, en particular en materia de derechos humanos. La decisión parece tardía e insuficiente. No obstante, hasta donde tengo memoria, es la primera vez que un funcionario de la jerarquía del comisionado de la Policía Federal es removido de su cargo por un caso de este tipo. En tiempos de Calderón el también comisionado Facundo Rosas dejó el cargo después de que la CNDH difundiera un informe en el que se señalaba que se habían cometido abusos en un desalojo fallido de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde el saldo fue la muerte de dos estudiantes. Sin embargo, el caso de Galindo es distinto porque hasta ahora las instituciones de seguridad habían sido extremadamente reticentes a sancionar abusos cometidos en el marco de operativos de combate al crimen organizado (como si la mera presunción de que las víctimas eran delincuentes justificara el abuso).

La remoción de Galindo, a escasos días de que la CNDH emitiera su recomendación por el caso Tanhuato, tiene especial importancia porque el exfuncionario se empeñó en defender la actuación de la Policía Federal en dicho operativo. A pesar de que toda la evidencia apuntaba a una masacre, Galindo afirmó en su momento que en el operativo, donde murieron 42 civiles y un policía, se registró un enfrentamiento y no hubo una sola ejecución. También dijo que si no hubo más bajas de elementos policiales fue gracias al trabajo de inteligencia, despliegue de elementos y anticipación de parte de su corporación.

En la recomendación de la CNDH las declaraciones de Galindo se desmienten de forma lapidaria. Se concluye que el uso excesivo de la fuerza durante el operativo derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la muerte de otros cuatro. Asimismo se señala que entre el operativo y el momento en el que se autorizó el ingreso de personal del Ministerio Público transcurrieron cuatro horas, durante las cuales elementos de la Policía Federal “manipularon diversos cadáveres, los elementos balísticos con los que se les relacionaron y, en algunos casos, colocaron deliberadamente armas de fuego en las inmediaciones de las víctimas.”

Esperemos que con la recomendación de la CNDH y la remoción de Galindo inicie un cambio de actitud de las autoridades frente el uso injustificado de la fuerza en el combate al crimen organizado. Por otra parte, el relevo en la Policía Federal es también una oportunidad para que la definición de la estrategia de seguridad recaiga en mayor medida en Renato Sales (un funcionario que ha demostrado capacidad y goza de buena reputación, pero que ha tenido un margen limitado de intervención dado el deficiente diseño institucional de la Comisión Nacional de Seguridad).

El segundo anuncio importante de la semana pasada fue la estrategia para contener la violencia en los 50 municipios que concentran el grueso de los homicidios dolosos. Este anunció es una señal de que el gobierno piensa reaccionar ante el acelerado repunte de la violencia que se ha observado en los últimos dos años.

El listado de municipios que se integrarán en la estrategia ha generado especulación. Independientemente del listado oficial, lo más deseable sería que los recursos se concentraran ahí donde tienen un mayor impacto potencial: en particular donde se ha registrado un repunte reciente de la violencia, como es el caso de varios municipios de Veracruz. En algunos otros de los municipios en los que hay muchos homicidios –como Acapulco– la violencia responde a dinámicas arraigadas de delincuencia y conflictividad criminal. En estos casos, incluso si el gobierno multiplica el número de elementos federales y el presupuesto para acciones de prevención, sólo se observará una disminución gradual de la violencia. Por otra parte, hay un grupo de ciudades, encabezadas por Monterrey, que siguen siendo relativamente violentas, pero donde las autoridades locales ya tienen las capacidades necesarias para desarrollar por su cuenta medidas eficaces.

Para ser de verdad integral, la estrategia deberá entrarle a los temas difíciles y no sólo a lo que suena bien o a los remedios que aplazan la solución necesaria (como la práctica de 'depurar' a las policías estatales y municipales, y luego reemplazarlas indefinidamente por fuerzas federales). Por lo mismo, es alentador que el presidente haya advertido que los gobernadores deberán asumir la responsabilidad por las acciones que se desarrollen en la ejecución de la estrategia. Darle la vuelta a la crisis de violencia es una de las pocas alternativas que le quedan a la administración de Peña Nieto para recuperar algo de respaldo público en sus últimos dos años. Lograrlo no será fácil.

Twitter: @laloguerrero

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