La autora es Diputada Federal
La semana pasada, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el futuro titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el próximo secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, dieron a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad.
El proyecto representa una modificación importante de la posición original de López Obrador, pero también da certeza de la necesidad de transitar, al menos en los próximos tres años, en un modelo mixto para crear una Guardia Nacional con al menos 50 mil elementos.
El desafío en materia de seguridad pública es enorme. Heredamos un país con una tasa de 70 homicidios diarios, con más de 37 mil personas desaparecidas, poco más de 200 células criminales, estados y municipios dominados por los grupos delictivos y por sus múltiples expresiones violentas, a pesar de los operativos militares que se iniciaron en 2007, de manera unilateral, por el entonces presidente Felipe Calderón. La fallida "guerra" contra la delincuencia ha evidenciado que el Estado mexicano ha perdido las batallas más importantes.
El sexenio que termina no modificó sustancialmente la estrategia de su antecesor. A pesar de que desapareció la poderosa Secretaría de Seguridad Pública y concentró en Gobernación un plan contra la violencia y por el fortalecimiento de las acciones de seguridad pública, al concluir este 2018 las estadísticas nos arrojan las peores cifras de homicidios violentos en toda la historia de México y también nos arrojan diagnósticos que evidencia la debilidad de las corporaciones policiales estatales y municipales.
Las violaciones a los derechos humanos también se incrementaron exponencialmente, la impunidad se convirtió en una constante y la desconfianza en las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia llegó a sus niveles más altos en las últimas décadas.
En el actual esquema de seguridad nunca se integraron a las víctimas y a los familiares en una estrategia que pusiera el acento en la atención a sus demandas y que colocara como eje principal las obligaciones de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.
Hemos desperdiciamos como país 12 años en medio de una acelerada espiral de descomposición, con un marco jurídico limitado que ha mantenido en la línea de la actuación irregular a las Fuerzas Armadas cuando realizan labores de auxilio en materia policial.
No será fácil ni rápido superar esta herencia, pues estamos frente a una realidad en donde la derrota de los cuerpos policiacos terminó por darle la puntilla a una estrategia de seguridad, cuyo principal elemento era el uso legítimo de la fuerza del Estado.
¿Qué hacer frente a esta situación compleja, delicada y desafiante?
El Plan de Seguridad no puede leerse únicamente por su componente policial; es decir, por el uso de la fuerza, pues eso ya ha quedado demostrado que es un completo error. Por esta razón, el plan tiene que leerse en su integralidad y analizar también los efectos de lo que se ha denominado "atender las causas que dan origen a la violencia e inseguridad"; revisar los ocho ejes rectores con el objetivo de erradicar la corrupción; reactivar la procuración de justicia; respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y adoptar medidas de justicia transicional que incluyan, en su momento, el polémico debate sobre la amnistía condicionada y el perdón a personas y colectividades que han sido afectadas. Sin dejar de lado, desde luego, la nueva visión de la política antidrogas que propone este gobierno y que se retoma en este plan.
Son medidas que se tendrán que ir construyendo, cimentando legalmente y evaluando a la luz de los más altos estándares en materia de derechos humanos, y en ello nos tenemos que involucrar todas y todos.
La creación de la Guardia Nacional ha concentrado la atención de la prensa y de los expertos, pero esos análisis dejan de lado que esa figura está contemplada en la Constitución y que se necesita renovar, reactivar y redimensionar. De entrada, se fortalecerá en un proceso de transición que durará tres años y que será evaluado paso por paso, con una visión progresista, comprometida con los derechos humanos y desde una perspectiva crítica.
La integración de elementos castrenses y de marinos en esta nueva figura policial representa una afrenta al esquema jurídico actual de nuestro país, y desde luego que revive fantasmas del pasado reciente, sobre todo de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas bajo el amparo de sus tareas de seguridad pública.
Desde luego que no podemos obviar estas críticas ni menospreciar los riesgos que pudiera conllevar el plan en su apartado de la Guardia Nacional, pero debemos asumir que más de 30 millones de personas depositaron su confianza en la trayectoria y experiencia de López Obrador, y que ese acto de confianza no se traduce en automático en un "cheque en blanco" para que elementos militares o policiales comentan abusos contra la población o los presuntos delincuentes, sin que se tomen medidas de vigilancia, sanción y castigo.
Tampoco representa que este plan y su operación se conviertan en un acto de "fe" en el nuevo gobierno, sino más bien en una ampliación del voto de confianza entregado el pasado 1 de julio, con la peculiaridad de que un eje fundamental de este nuevo Plan de Seguridad y Paz es abandonar el acento en las medidas coercitivas, en más penas y sanciones de cárceles, en más leyes de mano dura y en otras medidas que solamente ponen el acento en el orden punitivo y no en el desarrollo social.
Es un plan humanista que incorpora a las Fuerzas Armadas en un esquema completamente diferente. No se trata de dejarles toda la responsabilidad a nuestros soldados, sino incorporarlos a una estrategia de paz, en donde ellos jugarán un rol importante, pero no el único ni el primordial; y supervisar que esto suceda es un desafió que todas y todos debemos asumir.