La guerra sucia que marcó las elecciones de 2006 estuvo en el fondo de la reforma que, dos años más tarde, hizo que se incluyera en la Constitución la regla que partidos y candidatos debían "abstenerse de expresiones que calumnien a las personas" en la propaganda electoral.
En el artículo 41 también se estableció la prohibición expresa de "contratar por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión". Esta prohibición tuvo su origen en el hecho de que la mayoría de los spots de la guerra sucia fueron contratados por agrupaciones empresariales u organismos de fachada, pero vinculadas al PAN y al PRI.
Las nuevas regulaciones, aunque generales, no se extendieron a las redes sociales porque entonces no contaban con el determinante papel que juegan en la actualidad.
Fieles a su divisa de "haiga sido como haiga sido", partidos y organizaciones que difundieron calumnias y mentiras dijeron que lo suyo no era guerra sucia, sino "campaña de contrastes". Así fue como se permitieron lanzar al aire el tristemente famoso mensaje de "López Obrador es un peligro para México", mismo que aderezaron con disparates como el que señalaba que la candidatura del tabasqueño era financiada por el venezolano Hugo Chávez.
Gracias a campañas de ese corte se han hecho millonarios charlatanes engañabobos como JJ Rendón –quien se ha pretendido vender como vencedor de Chávez, aunque su asesorada, Irene Sáez, apenas obtuvo 3.0 por ciento de los votos en 1998– o Antonio Sola, quien ahora viene a decir que AMLO "ya no es un peligro". López Obrador nunca fue un peligro. El verdadero riesgo estaba en otro lado, como probaron los más de 100 mil muertos del calderonato, que pagó los honorarios de Sola.
En 2018, pese a los altos costos que para el país han tenido este tipo de estrategias de polarización, no asoma un panorama distinto.
Cuando José Antonio Meade dice que remontará su lejano tercer lugar como lo hizo Alfredo del Mazo, no presume una inspiración: anticipa que el ciudadano 'decente' está dispuesto a que su candidatura sea sostenida por todo el aparato del Estado; que él y sus hacedores –EPN y Luis Videgaray– recurrirán a todas las trampas antiguas y renovadas.
La guerra sucia viene de nuevo. Inventan plataformas en internet, manejan ejércitos en las redes sociales, difunden rumores y noticias falsas.
La maltrecha economía del país, la violencia imparable y la tremenda corrupción que ya no pueden ocultar serán su legado. No tienen nada que presumir ni que ofrecer para el futuro. Por eso inventan fantasmas y recurren de nuevo al expediente de 2006: la intervención rusa, la conexión venezolana e incluso monstruos propios de la Guerra Fría reaparecen en sus discursos.
Ya no les funcionan como antes e incluso en algunos casos se les han revertido las campañitas y han hecho el ridículo.
La autoridad electoral, sometida al poder desde hace mucho, se limita a mirar o proponer medidas tímidas, como un acuerdo con Facebook para frenar las fake news, no los mensajes de odio ni las campañas de miedo.
Mientras, los creadores de los mensajes de odio siguen con su previsible receta de difundir rumores, inventar amenazas y generar una desproporción entre la realidad y el imaginario colectivo, inducido por la constante mención de esta amenaza. Por eso se valen de la repetición de mentiras: "Venezuela está detrás de AMLO". "Buscan la chavización de México".
Esta estrategia pretende crear pánico moral; es decir, una reacción social frente a una condición, episodio, persona o grupo de personas que emergen como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad.
Son las recetas de Hitler y Mussolini.
La guerra sucia no informa ni documenta ni contrasta versiones. Su objetivo es denostar, criminalizar e inducir al miedo. Los enemigos son tales que constituyen un 'mal' que reclama ser eliminado –no explicado ni enfrentado con mecanismos democráticos– sino desaparecido (de ahí su estúpido y criminal 'juego' de 'matar pejezombies').
Ante la ausencia de autoridad que detenga las toneladas de lodo, es necesario insistir en la organización ciudadana y en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para evitar la polarización.