Corrupción y robo de combustibles
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Corrupción y robo de combustibles

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Corrupción y robo de combustibles

11/04/2018

La semana pasada, el Senado de la República aprobó con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, conocida popularmente como ley contra el huachicoleo, para incrementar de 20 a 30 años las penas de prisión a quienes cometan este robo, y también aumentar de 17 a 25 años a quienes comercien, recauden o aporten fondos económicos relacionados con este delito.

Las reformas aumentan de 10 a 14 años de prisión y la multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien obligue o intimide a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo este robo de hidrocarburos.

Estos cambios provinieron de una minuta de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron, en diciembre de 2017, una serie de medidas para fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos, así como reforzar los supuestos y sanciones relativos a las conductas ilícitas que se presentan.

El fenómeno del robo de combustibles se ha disparado en los últimos tres años, curiosamente, de la mano de la apertura del mercado energético y el descuido creciente en torno a la infraestructura de Pemex y de sus ductos. En 2015 se localizaron cinco mil 252 tomas clandestinas, para 2016 se elevó a seis mil 873 el número de las mismas y para finales de 2017 se calculaban en cerca de nueve mil las tomas clandestinas.

Este incremento sólo refleja que las autoridades no han hecho su trabajo o, peor aún, que están coludidas con los grupos criminales que practican este ilícito. No hay una estimación correcta del volumen de petrolíferos, principalmente gasolinas, que se extraen de los ductos de transporte y distribución y que se comercializan de manera ilegal. Algunos cálculos hablan de más de 27 mil millones de pesos anuales, pero la Secretaría de Energía ha insistido en minimizar el fenómeno y su impacto real.

Con la apertura del mercado de gasolinas, en 2017, la dificultad para cuantificar las pérdidas del robo se incrementaron porque antes de ese año la mayoría de las gasolinas producidas e importadas provenían de Pemex. A partir de 2018 se espera que las empresas privadas que ya operan en el sector importen de manera directa las gasolinas que comercialicen.

Las reformas aprobadas, si bien son necesarias, no son suficientes para enfrentar este problema mayúsculo, pues no atacan la gran corrupción que existe en los altos mandos de Pemex y se limita a sancionar a las partes más débiles de esta cadena de crimen organizado.

El propio dictamen advierte que “aprovechando lagunas legales, involucrando a personas físicas o jurídicas con actividades reguladas”, se vienen realizando “esquemas que propician la ilegalidad de las conductas desarrolladas para obtener lucros indebidos”.

Las modificaciones facultan a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para imponer medidas de prevención cuando advierta que una persona realiza actividades reguladas sin permiso o no acredite la adquisición lícita de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Las medidas preventivas van de la clausura temporal o parcial, hasta la orden de suspensión temporal del suministro, del servicio o de la actividad.

Estas atribuciones no son suficientes si no se le dota a la CRE de los recursos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad sus obligaciones. La comisión tendrá mayores responsabilidades para llevar un control volumétrico, detallando el origen y destino de los hidrocarburos, además del control de calidad correspondiente. Estas tareas difícilmente se pueden cumplir con un presupuesto de 347 millones de pesos anuales, que palidecen frente al volumen que calcula en más de 20 mil millones de pesos el negocio ilícito de los hidrocarburos.

Esta práctica constituye sólo una de las que forman parte del incremento de la corrupción en el país, que provocaron que México cayera del lugar 123, en 2016, al lugar 135 de un total de 180 países evaluados por Transparencia Internacional en materia de índice de percepción de la corrupción.

Nuestro país es cada vez más corrupto y este tipo de reformas son sólo aspirinas para un desafío mucho mayor que no puede dejarse sólo en manos de la Comisión Reguladora de Energía.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.