Cambio de raíz en la Administración Pública Federal
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Cambio de raíz en la Administración Pública Federal

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Cambio de raíz en la Administración Pública Federal

07/11/2018

El proyecto de transformación del país que obtuvo el voto mayoritario el 1 de julio exige un nuevo andamiaje institucional. El camino, en lo que al Legislativo corresponde, ha arrancado con pasos como la Conferencia Parlamentaria, que suma los esfuerzos de las cámaras de senadores y diputados para aportar al cambio radical, a la transformación de raíz de México y sus instituciones.

Se trata de invertir los términos del camino seguido hasta ahora. No más austeridad para mantener finanzas “sanas” y no tocar ni con pinzas los privilegios de la alta burocracia, sino austeridad para el bienestar social y la inversión productiva.

En la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se definen cinco líneas rectoras, a saber: derechos de las personas, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, así como eficiencia y austeridad.

Por razones de espacio, me referiré aquí sólo a algunos de sus contenidos más relevantes.

La iniciativa marca como objetivo de la Administración Pública Federal la promoción, el respeto, la protección y la defensa de los derechos de las personas. A partir de ese mandato se definen las atribuciones y el funcionamiento de todo el aparato federal. Los derechos, en ese tenor, se expresan en lenguaje de mandatos a fin de que las autoridades los hagan efectivos.

En esa línea ubicamos el concepto de seguridad alimentaria; la obligación de generar políticas que garanticen acceso gratuito a la salud de las personas que lo requieran; así como la obligación de promover la democracia sindical y el derecho a la contratación colectiva. Hacer explícitas obligaciones como las anteriores permite fijar parámetros claros para el diseño de políticas públicas en temas de derechos.

Los programas para el desarrollo social han sido ineficaces y, al mismo tiempo, campo propicio para la corrupción. No se exagera cuando se dice que el sistema político-administrativo en México se ha basado en un acuerdo estable de corrupción en el que participan diversos actores. De ahí que los esfuerzos para erradicar la corrupción demandan estrategias de largo aliento. El combate a la opacidad y a la corrupción no se debe enfocar en la persecución de personas, sino en el cambio de leyes, proceso y entornos institucionales.

Las actuales delegaciones de muchas dependencias federales constituyen un pesado aparato burocrático que además abre espacios a la corrupción y la opacidad. Existen dependencias que tienen una delegación en cada entidad federativa. La multiplicidad y fragmentación de las reglas administrativas incrementan las oportunidades de discrecionalidad. Cada dependencia establece sus lineamientos administrativos, lo que, aunado a la multiplicación de funcionarios, fragmenta las políticas y programas, a la vez que genera un gasto público innecesario, y favorece la captura de funcionarios y el tráfico de influencias.

La fragmentación ha favorecido la exclusión de los gobernados en los programas sociales y la corrupción, como ejemplifican los ceses e inhabilitaciones de delegados en varias partes del país. En la medida en que son mayores los tramos de decisión, se amplían los cotos de la administración pública y se diversifican los espacios de discrecionalidad.

La consolidación de facultades permitirá identificar un responsable y un solo proceso administrativo de los programas de desarrollo del gobierno federal, lo cual favorecerá la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos.

La iniciativa propone que cada secretaría cuente con una unidad encargada de ejecutar la ley y los lineamientos necesarios conforme a las disposiciones que emita el Poder Ejecutivo. La ejecución estricta de la ley extingue los espacios de discrecionalidad, pues el titular de la Unidad de Administración únicamente estará encargado de cumplir la norma jurídica creada por el Poder Legislativo o los Lineamientos del Poder Ejecutivo, con lo que se eliminarán huecos y espacios para supuestos errores administrativos.

Las oficialías mayores han contado hasta ahora con amplios márgenes para actuar al margen del mandato del Poder Legislativo. Eliminar espacios para las decisiones arbitrarias y constreñir las mismas al principio de legalidad, es un gran avance que muy pronto hará realidad una nueva forma de gobierno, donde el centro de las decisiones sea, siempre, el bienestar de los ciudadanos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.