Opinión

Disputa azucarera, otra vez

 
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azúcar

Los antecedentes de la disputa comercial entre México y Estados Unidos en el mercado del azúcar se remontan a la negociación del TLCAN, en la que se incluyó a ese producto entre los cuatro “sensibles” junto con el maíz, el frijol y la leche, y para los que se establecieron plazos de apertura extralargos (15 años) y cuotas crecientes a las importaciones de ambos países. En 2008 se liberaron totalmente esos productos; incluso, para el caso del azúcar se creó una unión aduanera de facto con libre tránsito del edulcorante entre los dos países.

Después de varios años en los que México recuperó su capacidad de producción y empezó a generar excedentes exportables importantes que se destinaron a EU, ya que el precio en ese mercado es superior al mundial y casi siempre al prevaleciente en México, en 2014 la industria azucarera de aquel país interpuso una demanda por prácticas desleales de comercio (dumping) argumentando supuestos subsidios a la producción, sobre todo por los apoyos otorgados a los ingenios expropiados en el sexenio de Fox que producían un tercio de la oferta nacional, y por la venta del azúcar por debajo de su costo de producción. La autoridad comercial estadounidense falló a favor de sus industriales e impuso un arancel de 17% al azúcar mexicana y amenazó con establecer cuotas compensatorias de entre 39.5% y 47.3%. Si bien hubo una pésima defensa del caso por parte de México —el azúcar en EUA está altamente subsidiada—, las presiones de industriales y legisladores sobrepasaron los argumentos técnico-económicos.

Ello dio origen a que, a fines de 2014, se negociara “un acuerdo de suspensión” de las medidas comerciales impuestas por EU, que también fue muy desfavorable para el sector azucarero nacional aunque, según argumentaron autoridades e industriales, menos dañino que las cuotas compensatorias. Sus principales elementos, que ya quisiera cualquier fabricante de cualquier producto como mecanismos de protección comercial frente a las importaciones, fueron: cuota máxima (1.5 millones de toneladas en 2015 vs 1.9 millones exportadas en 2014), revisable cada año en función de la oferta disponible en EUA; cuota por tipo de azúcar procesada (30%-40% máximo de refinada y el resto estándar); precios mínimos; y control estacional de las importaciones, para evitar sobreoferta y no competir con la producción estadounidense.

A pesar que el acuerdo estaría vigente cinco años (2019), duró poco. A fines de 2016, y con Trump en la presidencia, la industria americana volvió a la carga y solicitó la revisión del acuerdo; ello propició que en marzo pasado la Secretaría de Economía suspendiera los permisos de exportación de azúcar a EUA. ¿Medida de debilidad o de prudencia?

Por otra parte, México “amenazó” con la posibilidad de iniciar una investigación por dumping en la fructosa de maíz (sustituto cercano del azúcar), lo que es improbable tanto por el fallido antecedente que hubo en esa materia hace algunos años como por el conflicto de interés que prevalece en la cámara azucarera con los refresqueros-azucareros, que son el mayor consumidor de fructosa y, como cualquier productor, buscan minimizar el costo de sus insumos adquiriendo el más barato.

Aparentemente entre los elementos a negociar bajo un “nuevo” acuerdo, que cada vez tendrá menos de libre comercio, será aumentar a un mínimo de 70% la cuota de azúcar estándar (y topar en 30% la refinada), lo que implicaría trasladar rentabilidad a la industria de EUA por su procesamiento adicional; reforzar el control en fronteras (barrera no arancelaria); y adecuar la estacionalidad de las importaciones para favorecer aún más al productor estadounidense con menor competencia.

Su principal implicación, además de favorecer a los productores de EUA, afectar a sus consumidores al encarecer el azúcar en ese país y reducir el mercado y la rentabilidad para los azucareros nacionales, sería el mal antecedente ante la renegociación del TLCAN con EUA.

El autor es socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados.

Twitter:@ruizfunes

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