Opinión

Dispara control aduanero de marcas piratería de registros

 
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Contenedor. (El Financero)

Un objetivo importante de la modernización de nuestras leyes de propiedad intelectual lo constituyó la intención de eliminar de tajo una práctica de competencia desleal muy común en nuestro medio, consistente en que mexicanos registrasen marcas de origen extranjero para especular con los derechos al convertirlos en una mercancía disponible al mejor postor.

Ante la inexistencia de procedimientos eficaces que permitiesen a las a empresas extranjeras recuperar sus derechos, múltiples marcas internacionales fueron literalmente “secuestradas” por toda clase de empresas e individuos, que elevaban los precios de rescate en función de la premura de sus titulares por ingresar al mercado mexicano. En tales circunstancias, la propia ineficacia del sistema estimulaba la apropiación ilegal de derechos, generando una serie de graves distorsiones en la función que las marcas cumplen en los mercados.

Algunos de esos efectos se traducían en engaños a los consumidores, deterioro del valor de marcas renombradas, afectación de la calificación del clima de negocios en el país, inseguridad jurídica y retiro de inversiones. Como consecuencia, el nuevo marco normativo de manera categórica erradicó estas prácticas, al dotar a titulares extranjeros de acciones eficaces para la cancelación de registros ilegales realizados por nacionales. De hecho, en múltiples asuntos se señaló que el sistema era ahora tan hostil hacia los registrantes mexicanos, que rallaba en lo desproporcionado e inconstitucional.

Sin embargo, la situación ha dado un vuelco que nos regresa a un escenario en el que la posesión de derechos sobre marcas extranjeras es nuevamente un negocio lucrativo para muchos oportunistas. En efecto, al amparo de las claras disfunciones que presenta el llamado “Padrón aduanero de marcas” que maneja la Administración General de Aduanas, ser el titular de una marca de origen extranjero otorga la posibilidad de detener productos al momento del despacho aduanero y “cobrar” por autorizar su ingreso al país. El sistema no prevé acciones que puedan mitigar esta clase de aseguramientos, representando para muchos importadores un continuo y grave riesgo de colapso del negocio en curso.

La propia ley mexicana inhibe la posibilidad de que un distribuidor autorizado de una marca extranjera sea quien la registre, precisamente para preservar los intereses de su legítimo titular. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo con preocupante frecuencia es que distribuidores ocasionales, o empresas totalmente ajenas a la marca original, realicen el registro e impongan las condiciones a través del abusivo control que les brinda el dispositivo aduanero.

En estos casos no estamos hablando de las grandes marcas, de todos conocidas, que suelen ser el blanco de las disputas, sino de marcas promedio, incluso poco posicionadas, cuyo registro espurio afecta seriamente a las empresas nacionales que regularmente las importan, así como a sus titulares extranjeros. Muchas veces, la sola detención por semanas de un contenedor, para una pyme que las importa al país, compromete su patrimonio y su permanencia en el mercado.

Este hecho, decíamos, es una regresión a una situación superada, en la que la piratería registral verá disparar sus números de manera significativa, quedando cada vez más lejos los verdaderos objetivos que se persiguen con las medidas en frontera, cuyo gran baluarte y razón de ser es la detención de productos falsificados.

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