Opinión

Diputados inician el octavo desafuero

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Lucero Sánchez, un "fenómeno" en la política sinaloense

La ruta sólo tiene un destino: la cárcel. La diputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Sánchez López, ya recibió la notificación correspondiente de la sección instructora de la Cámara de Diputados federal y la acusada tiene siete días naturales para comparecer, de allí se desprende todo el juicio de procedencia que determinará si hay lugar o no a proceder penalmente en contra de la imputada y si es el caso, separarla del cargo, al tiempo de dar parte al Congreso del estado de Sinaloa para que la ponga a disposición de la autoridad.

Los delitos que se le imputan son del orden federal. El artículo 111, cuarto párrafo de la Carta Magna, señala que para proceder penalmente contra diputados locales, por delitos federales, debe mediar la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados federal.

El desafuero es una figura que se ha aplicado en siete procesos de declaración de procedencia. El más reciente fue el del diputado federal Julio César Godoy Toscano que por sus vínculos con el criminal apodado La Tuta, Servando Gómez Martínez, se procedió penalmente y a la fecha se encuentra prófugo.

En los 99 años del régimen constitucional vigente, al primer diputado que se le aplicó la declaración de procedencia fue a Carlos Madrazo Becerra, en 1945. Posteriormente siguieron en ese mismo año los diputados Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas.

En 1983 le tocó al senador Jorge Díaz Serrano, y en 2004 al diputado René Juvenal Bejarano Martínez, apodado como el Señor de la ligas. Al siguiente año Andrés Manuel López Obrador con el desenlace que todos conocemos.

Varios de estos personajes fueron acusados bajo el tamiz de la lucha política y la óptica partidista, otros indudablemente fueron procesados por sus vínculos con el crimen organizado, tal es el caso de la chapodiputada, siendo ésta la primera vez que la Cámara de Diputados conocerá de un juicio de procedencia contra un integrante de un Congreso local.

En un año considerado netamente como electoral, en virtud de las 12 gubernaturas que estarán en juego el próximo junio, se espera que las bancadas partidistas en el Congreso pugnen por que otros políticos sean medidos con la misma vara. Tal es el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; el de Sonora, Guillermo Padrés Elías; el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam; también se habla de Miguel Ángel Mancera Espinosa y Rodrigo Medina de la Cruz.

Como se aprecia, la lista está al gusto de quien la hace. Lo que es un hecho es que la Cámara de Diputados no se va a prestar a este juego partidista, ya que no se debe concebir a este órgano deliberativo como una ventanilla electoral.

Es tan relevante la labor legislativa que debe de llevar a cabo el Congreso en estos momentos de crisis internacionales que afectan por supuesto a México, que sería una total irresponsabilidad que los legisladores se distrajeran en asuntos que nada tienen que ver con la agenda parlamentaria que requiere en estos momentos nuestro país.

El Mando Único, la Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la despenalización de la mariguana para fines médicos y desde luego el salario mínimo, entre otros, deben aprobarse en este segundo periodo de sesiones que concluye el próximo 30 de abril.

Algunos diputados ya comentan sobre la necesidad de tener un periodo extraordinario de sesiones tanto para votar los temas de la propia agenda como para concluir el desafuero de la chapodiputada.

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