Opinión

Dinero e instituciones

   
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El gasto público en México es muy pequeño para el tamaño de nuestra economía y lo que hemos encargado al gobierno. Los países desarrollados, que además son más equitativos que nosotros, tienen gobiernos que gastan entre 40 y 55 por ciento del PIB. El nuestro gasta 27 por ciento. Apenas la mitad de eso se financia con impuestos de los que usted y yo pagamos, otros ocho puntos vienen de las empresas del gobierno, y el resto hay que andarlo buscando por debajo de las piedras. En los últimos años se han utilizado fondos que andaban por ahí, utilidades del Banco de México y, sobre todo, endeudamiento. Como no llegamos a los 27 puntos mencionados, sino apenas a 24, pues cada año le sumamos tres puntos a la deuda. Y como eso ha ocurrido desde 2008, pues ya son 27 puntos, y nos acercamos al límite razonable. Todavía alcanzamos a llegar a 2019, pero no a 2020.

El gasto, además, ocurre de forma muy dispersa, con muy pocos mecanismos de control. El gobierno federal gasta directamente poco menos de 10 puntos del PIB, incluyendo el pago de intereses de deuda. Las empresas de gobierno (cuatro: Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE) gastan casi seis puntos (ya descontando las cuotas que entran del mismo gobierno). El resto, que son casi 11 puntos, se va a los estados. Esto nos convierte en uno de los países con gasto más federalizado en el mundo (apenas Canadá, Dinamarca y Suiza nos superan). Pero somos el menos federalizado en términos de recaudación. Esto, lo que significa, es que los gobernadores en México gastan mucho, pero no recaudan nada, es decir, gastan dinero que ni siquiera cobraron, por lo que les importa muy poco.

Aquí aprovecho para comentar aportaciones de tuiteros que suman a los problemas nacionales que le propuse hace una semana: los gobiernos locales (@griromerori), la reforma política (@zentradermx) y la destrucción ambiental (@rayaguillon). Este último no se toca hoy, pero los otros dos sí. Como ya alguna vez lo comentamos en esta columna, la causa de que se mande tanto dinero a los gobiernos estatales es el soborno que hemos pagado para facilitar la transición democrática. Es decir, cuando se derrumbó el régimen de la Revolución, en 1997, para evitar cosas peores, el arreglo fue modificar la Ley de Coordinación Fiscal para dar más dinero a los estados, sin incrementar la vigilancia. Hasta entonces, los secretarios de Hacienda y Gobernación controlaban a los gobernadores, a nombre del presidente. Desde entonces, nadie los controla y por eso hemos navegado estos 20 años sin mayores contratiempos, a pesar de que no hay realmente un arreglo institucional viable. Lo hemos pagado en la corrupción exponencial que usted ha visto.

Dudo mucho que podamos continuar por este camino. Algo que posiblemente no han percibido muchos, es que la elección de 2018 no sólo significa un cambio de gobierno, sino que obligará a un cambio de arreglo institucional. Ya hablamos ayer de la impostergable reforma fiscal, y ya también hemos comentado que los dos grandes temas para la población hoy mismo son corrupción e inseguridad, ambos personificados en los gobernadores.

El tránsito del viejo régimen a este marasmo institucional se hizo aprovechando al IFE ciudadano recién creado. Durante unos instantes, en el 2000, todo el poder quedó en manos de esa institución, que reconoció como ganador al primer no priista desde los tiempos de la Revolución. Ese papel no podrá jugarlo el actual INE, por muchas razones. Sería conveniente ir pensando cómo podemos procesar la obligada transformación institucional en 2018. No sé si eso se llame reforma política, pero sí afectará a los gobiernos locales. ¿Cómo le hacemos?

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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