Opinión

Después de setenta años todo sigue igual

Nada hay nuevo bajo el sol. Pareciera que la historia fuese circular. Y más cuando se trata de los regímenes priístas. Los años pasan y los acontecimientos, en particular los de corte negativo, se repiten sin fin. Como el llamado “caso Cereceres”, ocurrido en Chihuahua hace seis décadas. Y otro parecido, por las mismas fechas, suscitado en Tabasco. El primero con muchas similitudes al de Ayotzinapa.

Allá por los días navideños de 1954, súbitamente desapareció en Chihuahua un modesto chofer de sitio de nombre Juan Cereceres. De repente, su familia ya no supo de él. Como la sociedad era entonces mucho más sensible que ahora a esta terrible tragedia de la desaparición de personas, poco a poco se fue generando un movimiento de opinión pública que ya en los primeros días de enero de 1955 alcanzó proporciones alarmantes.

Alarmantes, claro, para el gobernador de ese estado, Oscar Soto Máynez, quien ya tenía hartos a los chihuahuenses por todos sus atropellos y excesos, que no eran pocos. Desde el centro se le toleraban sus numerosos desmanes y señaladas raterías, protegido como estaba y además se sentía por quien lo había impuesto en el cargo de virrey, el presidente de la República Miguel Alemán, de quien presumía había sido “compañero de banca” universitario.

Pues sucedió que el pobre de Cereceres fue asesinado por pistoleros del gobernador, ahora llamados “escoltas”, y mantenido en refrigeración durante 32 días. Cuando la verdad se supo empezaron las protestas. Dice la prensa de esos días que el 30 de enero una multitud, calculada en alrededor de 60 mil personas, se reunió frente a la Plaza de Armas para exigir justicia y clamar por la desaparición de poderes locales.

Las protestas se generalizaron con actos de ocho mil asistentes en Parral el 13 de febrero y otro de 45 mil nuevamente en la capital del estado y de 30 mil almas en Ciudad Juárez el día 19, también de febrero. Sin embargo, todo aquello, incluidos llamados a no pagar impuestos, a una huelga general de todas las escuelas y boicot a la prensa vendida al virrey “Sotol” Máney, como se le conocía por su afición desmedida al alcohol, no hicieron moverse un ápice al gobierno federal. Así pasaron días, semanas y nada.

Ah, pero sucedió entonces que un aumento en la tarifa del transporte público en Villahermosa provocó tremenda explosión popular de descontento, principalmente del sector estudiantil como suele suceder en estos casos, que ni la policía y el ejército pudieron evitar que el movimiento degenerara en motín. Hubo un muerto y varios heridos, lo que enardeció a la población. La multitud pidió hablar con el gobernador de Tabasco, Manuel Bartlett, padre del actual senador, a quien finalmente terminaron por apedrear y no tuvo éste más remedio que huir a la Ciudad de México.

En esta ocasión, a diferencia de la pasividad mostrada por el centro en el “caso Cereceres”, se le ordenó a Bartlett solicitar licencia al cargo por tiempo indefinido y se nombró como gobernador interino al general Miguel Orrico de los Llanos. Muchos ciudadanos se preguntaron entonces por qué el gobierno federal, ante casos parecidos aunque no iguales, adoptaba medidas drásticas en el leve y ponía oídos sordos en el verdaderamente grave.

Aunque a la larga el centro terminó haciendo lo mismo con Soto Máynez, cuando el exceso en sus arbitrariedades se hizo insoportable hasta para sus protectores, finalmente también lo echaron. Si se compara con lo que ahora sucede en Guerrero, pareciera como si el país después de sesenta años se hubiera detenido en el tiempo. Qué lástima por México, los derechos humanos y el régimen democrático.