Opinión

Después de la recaptura

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Ficha Chapo 2016 (Cuartoscuro)

En contraste con el excesivo triunfalismo del gobierno, la opinión pública ha sido tibia en su reacción a la recaptura del Chapo (por ejemplo, de acuerdo con una encuestada levantada después de la recaptura, 60 por ciento de la población no está de acuerdo con la manera en que el presidente está manejando el combate al narcotráfico y al crimen organizado). Sin embargo –después del bochornoso incidente que fue la fuga– la captura de Guzmán Loera debe ser motivo de aliento para quienes trabajan en las instituciones federales de seguridad pública. A pesar del enorme poder corruptor del capo fue posible obtener información de su ubicación, llevar a cabo un operativo en el domicilio en el que se encontraba, capturarlo (a pesar de que contaba con una ruta de escape) y ponerlo a disposición de las autoridades.

Ciertamente, la estrategia de comunicación del gobierno ha sido poco afortunada. En lugar de enfatizar la actuación eficaz de las agencias de seguridad, se ha optado por darle vuelo en los medios al curioso acercamiento entre el Chapo, Kate del Castilo y Sean Penn. Sin embargo, la recaptura no deja de ser un logro que el gobierno debe capitalizar, y la mejor forma de hacerlo es impulsando cambios de fondo en la política de seguridad.

El presidente Peña Nieto ya presentó en noviembre de 2014 un “decálogo por la paz” como respuesta a la crisis que generó la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Sin embargo, las acciones que se contemplaban en dicho decálogo eran demasiado vagas (como la distribución de competencias entre órdenes de gobierno en materia de combate al delito), triviales (como la creación de un número nacional de emergencias), o bien se trataba de ideas recicladas que no habían prosperado previamente. En el número más reciente de la revista Nexos publiqué “La inseguridad 2013-2015”, un artículo en el que presento un balance de la política de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El artículo concluye con un conjunto de diez recomendaciones –una alternativa al decálogo del presidente– orientadas a subsanar las deficiencias que se han observado en la operación de las instituciones federales de seguridad pública. Entre las recomendaciones que incluí en el artículo de Nexos las siguientes tres me parecen especialmente pertinentes si el gobierno federal quiere aprovechar la coyuntura favorable que generó la captura del Chapo.

Primera: transformar los mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno. Es un hecho que muchos municipios no tienen ningún interés en entrarle en serio al tema de la depuración y la profesionalización de sus policías. El actual sistema, en el que los fondos federales para la seguridad pública se distribuyen de forma casi automática a los municipios, incentiva esta negligencia. Peña Nieto, al igual que Calderón, ha intentado imponer un modelo de Mando Único, que en la práctica significaría la desaparición de las policías municipales, y que ha demostrado ser políticamente intransitable. Sin embargo, sí se podría avanzar en un esquema mixto, por medio de la creación de una instancia responsable de supervisar a todas las instituciones de seguridad pública del país, y de asignar recursos con base en criterios técnicos y resultados (el PAN presentó hace unos meses una iniciativa en este sentido).

Segunda: combate a la extorsión presencial. En los últimos años se han logrado avances importantes en el combate al secuestro por medio de la creación de grupos tácticos en cada entidad federativa (en los que participan tanto autoridades federales como estatales). En varias entidades federativas, estos grupos han permitido pasar de la mera atención de casos aislados a la implementación de estrategias para desarticular a bandas dedicadas al secuestro. Una aproximación similar podría ser útil para atender un delito de naturaleza similar (la extorsión), que afecta a un número mucho mayor de víctimas y que genera ingresos millonarios para el crimen organizado.

Tercera: enfocar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia en disminuir la reincidencia y evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Un acierto del gobierno de Peña Neto fue crear un programa (conocido como Ppronapred) para atender las causas estructurales o “factores de riesgo” que propician la violencia y la delincuencia. Desafortunadamente, la mayor parte de las intervenciones que se han financiado con recursos del Pronapred se han concebido de forma desvinculada a resultados concretos en materia de seguridad pública. Para lograr un mayor impacto, estas intervenciones se deberían enfocar en prevención “terciaria”. Es decir, los recursos se deberían destinar primordialmente a acciones que se desarrollen de forma coordinada con la policía, el Ministerio Público y el sistema de readaptación social a efecto de atender a los individuos
–particularmente jóvenes– que forman parte de pandillas violentas o que están en mayor riesgo de ser reclutados por células delictivas o por el crimen organizado.

Twitter: @laloguerrero

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