Opinión

¡Despedidos!

 
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protesta congreso SLP

La reciente entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, por mandato de ley desde el primer minuto de ayer 19 de julio, exhibe con vergonzoso cinismo la incapacidad de la clase política mexicana.

El Senado fue incapaz de librar todos los obstáculos y vericuetos para designar a un fiscal anticorrupción. Los partidos políticos, principales responsables de este fracaso, se enlodaron en la postergación habitual del Legislativo. Fueron incapaces de cumplirle a la ciudadanía la exigencia primaria de la sociedad: un enérgico, firme, auténtico combate frontal a la corrupción galopante.

Los señores y señoras senadores se señalan unos a otros, se reparten culpas y responsabilidades. Que si los tiempos electorales, que si el debate por Coahuila, que si el exceso en el Estado de México y demás argumentos torpes que retratan su ceguera y su falta de compromiso. No son ustedes señores legisladores, auténticos representantes populares. Y no lo son porque no defienden las causas de la ciudadanía, sino la conservación del poder y sus propios intereses.

Ninguno de los senadores actuales –seamos justos, la inmensa mayoría de ellos– no merecería siquiera ser considerado para otro cargo de elección popular, o para la nueva alternativa que la ley les otorgará a partir de 2018, la reelección. Vergonzante comportamiento, que defiende y encubre a una clase política podrida y desgastada, cuya finalidad central es mantenerse dentro del presupuesto, escalar cargos de poder y de ingresos, aumentar su influencia y su margen de maniobra y de negocio.

La demanda es escandalosa y enorme, pero ellos no la escuchan. Los políticos siguen en su juego retórico distante y apartado de la ciudadanía.

Como nunca antes, la iniciativa VamosPorMás integra no solamente a más de 40 organizaciones de la sociedad civil cuyo combate a la corrupción ha sido bandera esencial de sus causas y empeños, sino que se ha sumado un sólido contingente de la iniciativa privada: Coparmex, Concamin, CCE y otros. El llamado es unánime: la puesta en marcha, con total operación y funcionamiento, del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso incluye fiscal, magistrados, consejos coordinadores y ciudadanos. Todos, sin excepción.

El músculo de las organizaciones empresariales deberá movilizar o presionar en algún sentido a los señores senadores, para cumplir
–tardía y torpemente– el mandato que la ley les asignó.

Pero de fondo, lo que detiene y obstaculiza el avance formal del SNA es la reticencia de la clase política a la transparencia, a la rendición de cuentas, al honesto y probo ejercicio de la función pública. Pretenden que todo siga igual, que exista de nombre y de forma un sistema anticorrupción, con nombramientos y cargos, pero que no funcione en los hechos, que carezca de poder y facultades para ejercer sus funciones de fiscalización y castigo a quienes lucran en beneficio propio y de los suyos, con su cargo, puesto y responsabilidad.

Es la clase política de todos los partidos, de las cúpulas que aprueban listas y designan candidatos, de gobernadores que desvían miles de millones para aceitar el mismo sistema: las campañas electorales que renuevan en cargos y rostros, a una maquinaria enorme de poder y negocio.

Ningún partido político está exento de este corrupto aparato. Todos participan, se encubren, se condonan exigencias legales, cancelan comisiones investigadoras, mandan al olvido a los que se han excedido en la desviación de recursos, aunque la cuota a las campañas y los partidos, les garantizaba hasta hace poco, la impunidad. Por eso los Borges y Duartes, los Padrés y los Medinas, porque se toleraba el negocio y el peculado, siempre y cuando se cubriera la donación al partido.

¿Con qué cara el PAN se atreve a hablar de 'robo electoral' si sus candidatos se comportan igual que los del PRI? ¿Con qué argumento el PRI habla de honestidad después del rebosante, insultante, reparto y compra del voto en el Estado de México? ¿Cómo Morena se adjudica la diferencia de la pulcritud y los plumajes impolutos cuando al equipo de Monreal fue sorprendido repartiendo dinero en Texcoco el día de las elecciones?

La extendida afirmación de que todos son iguales parece excesiva, falaz por su generalización, pero verdadera cuando se revisa caso por caso. Los partidos debieran ser refundados desde cero, eliminando a todos sus actuales representantes y dirigentes. A la calle por incapaces, ineficientes, costosos a la ciudadanía porque su sueldo, el de todos, lo pagamos los mexicanos. ¡Quedan despedidos! los senadores por no cumplir la responsabilidad primaria de su cargo, la razón de su existencia: representar a sus conciudadanos y defender sus intereses.

Despedido Ruiz Esparza por la grave falta de responsabilidad que costó dos vidas, y que sea sometido a escrupulosa investigación de contratos y negocios; despedido Osorio Chong por el grave problema de inseguridad creciente del país, que ha sido incapaz de resolver –¡A quién se le ocurre que pueda ser candidato a algo después del desastre de la inseguridad!– y de paso, otra escrupulosa investigación por los nexos de su hermano y compañías constructoras con múltiples contratos de obra en todo el país.

Despedido Graco Ramírez por formar parte de la red de complicidades que designó a representantes de la SCT sin experiencia ni preparación; despedidos los consejeros del INE, incapaces de realizar el trabajo principal de ser árbitro y regulador en procesos electorales; despedido el señor Mancera que se negó a abrir una investigación a fondo sobre la Línea 12 del Metro, que pudiera llevar ante la justicia a los responsables del atraco que representó la obra; y así, continúe usted y agregue los nombres de servidores públicos cuyo trabajo es, por decir lo menos, cuestionable, vergonzoso, apartado a las necesidades del país y de la población.

Twitter: @LKourchenko

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