Opinión

Desmanes en el estadio… y en la Constitución

El pasado sábado 22 de marzo tuvo lugar uno de los eventos que confirman que en México el respeto hacia la autoridad de proximidad, simplemente no existe y a nadie parece importarle. Los desmanes que realizaron un grupo de pelafustanes en el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara denota un sin respeto absoluto a la autoridad.

El problema no es nuevo, y es consecuencia directa de la falta de acción, y tibieza de parte de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en todo el país. Eventos tan vergonzosos como el de las llamadas Ladies de Polanco; o los maestros de la CNTE que con cutters en la mano agredieron a fuerzas policiales en el Distrito Federal durante sus manifestaciones contra la reforma educativa; auméntele los agravios que día a día suman las fuerzas del orden en Oaxaca, Michoacán o Guerrero, entre muchas de las entidades del país en que a la policía no se le tiene ningún tipo de respeto.

¿Quién ha pagado por estos agravios a la autoridad? Nadie. De hecho, en uno de los actos más vergonzosos de un cuerpo legislativo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó las disposiciones penales en dicha entidad para lograr que los provocadores y agitadores del primero de septiembre de 2012, pudieran alcanzar la libertada bajo caución. Y lo peor es que las autoridades posteriormente se llaman sorprendidas por el incremento de la criminalidad mientras que toleran todo tipo de conductas antisociales por razones eminentemente políticas. Y sin embargo, las autoridades –en este caso de Jalisco- corren el riesgo de violar flagrantemente la constitución si no actúan en defensa de los agraviados en el estadio el pasado día 22, ya que –independientemente de ser policías- son también víctimas de delitos cometidos en su agravio.

En la tendencia del neoconstitucionalismo en que el estado deja de ser el centro de un sistema jurídico para ceder dicho espacio al ciudadano, es menester resguardar a las víctimas del delito. Así lo establecen los artículo 16 párrafo 14; el artículo 19 párrafo 2; y el artículo 20 inciso C que establecen de manera clara los derechos de las víctimas. Las garantías penales que consagra nuestra constitución no son solamente para la protección de los indiciados y garantizarles procesos justos, sino que tienen la correlativa obligación de que aquellos que violen la ley en agravio de otros o del estado, deben de pagar en los términos que las propias leyes sancionen. El problema es que en México se ha pensado durante mucho tiempo que las garantías penales sólo operan a favor del delincuente y no así de la víctima, pero esto es incorrecto.

En un país que pretende ser un estado de derecho, existe el derecho de quien sea agraviado de exigir justicia, y la obligación de la autoridad de procurarla e impartirla. Los artículo 17 párrafo 2; 20 inciso A fracción l y 21 primer y noveno párrafo, establecen la obligación de las autoridades de sancionar a los delincuentes. No es optativo para ellas hacerlo porque se trata de derechos humanos fundamentales. Y sin embargo, pareciera que tratándose de fuerzas del orden, para las procuradurías y jueces se habla de gente desechable, que tiene la obligación de aguantar cualquier agravio para “no hacerle olas” a sus jefes políticos. Es una vergüenza que los derechos fundamentales en México, sean cuidados o no al gusto del político en turno. Esperemos que en Jalisco, Aristóteles Sandoval decida actuar en contra de esta punta de delincuentes y defienda a sus fuerzas del orden, de lo contrario, se convertirá en cómplice de ellos y con ello, en un violador del texto constitucional. No tiene opción, tiene que hacerlo pero la verdad, dudo mucho que así pase.

En Anexo.

Pareciera que ya vimos esta película cuando Hitler invadió Checoslovaquia ante las miradas complacientes de occidente. ¿Alguien va a detener a Putin?

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