Opinión

Descontento invernal

    
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Protestas por el gasolinazo en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

No fue suficiente la estrategia del gobierno federal de anunciar el incremento al precio de la gasolina en plenas fiestas decembrinas. El enojo reposó, fermentó y se manifestó. Desde el 1 de enero se han registrado numerosas movilizaciones y bloqueos, que en los últimos días han degenerado en disturbios y saqueos de negocios. En la primera semana de nuestro invierno de descontento, sólo en la Ciudad de México fueron saqueadas más de 400 tiendas, y hubo alrededor de mil 500 detenidos. Sin embargo, algunos de los incidentes más graves ocurrieron en el resto del país, particularmente en el Estado de México y de forma muy llamativa en Hidalgo (en Ixmiquilpan hubo enfrentamientos contra policías federales y estatales, con saldo de dos civiles muertos). El sábado 7, en el desalojo de una planta de Pemex en Rosarito, Baja California, elementos de la Policía Federal agredieron a golpes a varios periodistas. Por otra parte, durante el mismo desalojo una pick up embistió a los uniformados, dejando un saldo de siete heridos.

Todavía sabemos poco sobre quiénes puedan estar detrás de esta ola de violencia. Por los testimonios disponibles es claro que el mayor de los incidentes no ha sido una continuación espontánea de las protestas, sino acciones bien planeadas por grupos organizados. En muchos casos se habla de contingentes que se desplazan 'de otras entidades', que actúan de forma coordinada y que cuentan con vehículos para llevarse la mercancía robada. Muchos se preguntan si la violencia no será una estrategia del propio gobierno para desmovilizar a la sociedad.

De bote pronto, recurrir a la violencia como un mecanismo para inhibir la protesta social parece una estrategia plausible, sobre todo porque el PRI tiene experiencia en la materia. En los tiempos del viejo PRI, el gobierno creó y utilizó grupos de choque para deslegitimar y reprimir movilizaciones sociales, principalmente en el ámbito estudiantil. El ejemplo más trágico fue el Halconazo del 10 de junio de 1971 (hay documentos que vinculan al presidente Echeverría, al secretario de Defensa e incluso a la embajada de Estados Unidos, con la formación y operación del grupo Halcones).

Sin embargo, los hechos de los últimos días son mucho más complejos. Se trata de un gran número de acciones dispersas, que difícilmente son coordinadas por un solo actor, y que no tienen precedente. A diferencia de otros países latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, el saqueo de negocios no ha sido una estrategia privilegiada por los grupos de choque en México. En nuestra historia reciente han sido más frecuentes los actos de vandalismo, como los que tuvieron lugar durante la toma de protesta de Peña Nieto en 2012. Por otra parte, la experiencia de otros países sugiere que la respuesta de la autoridad es un aspecto clave para entender la lógica de los saqueos. Cuando los saqueos se promueven con el visto bueno de las autoridades, es normal que se filtre información sobre dónde es menor la presencia policial, o que incluso se instruya a la Policía a no proteger determinados comercios. Al menos en los incidentes ocurridos en la Ciudad de México lo anterior no se advierte.

Promover los saqueos sería una estrategia sumamente riesgosa para el gobierno federal. Se vienen tiempos difíciles en materia económica. Los grupos de choque o movimientos sociales que muy probablemente estén detrás de los saqueos se pueden manipular sólo hasta cierto punto. Si la lógica del saqueo se instala, va a ser muy difícil y muy costoso revertirla. Lo anterior es particularmente preocupante porque con la devaluación del peso será inevitable que se registren nuevos incrementos en servicios y productos básicos, e incluso recortes al gasto público. Por estas razones, me inclino a pensar que la ola de violencia de la semana fue iniciada por algunos actores del ámbito local en el centro del país, y que luego se extendió en un proceso de imitación.

La gravedad de la actual crisis demandaría que todas las autoridades y todos los actores políticos hicieran causa común y se enfocaran en reestablecer a la brevedad el orden público. Desafortunadamente, hasta ahora se han impuesto los intereses personales y de corto plazo. La mayoría de los actores políticos entienden que el incremento a los precios de la gasolina era una decisión necesaria. Sin embargo, también saben que es una medida impopular y muchos, incluyendo a varios priistas, han preferido velar por su imagen pública. Por su parte, en su mensaje del 5 de enero, el presidente llamó a la unidad, pero hizo un innecesario reclamo al gobierno de Calderón por destinar casi un billón de pesos al subsidio de combustibles que “literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina”. Con ello alentó la actitud de confrontación del PAN.

Hoy será un día crítico. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirá para discutir el impacto que ha generado el aumento a los precios de la gasolina. Una rebelión generalizada de los gobernadores contra el incremento al precio de las gasolinas contribuiría a alentar el descontento, o incluso a que el presidente diera marcha atrás y optara por mejor heredarle el problema a la próxima administración.

Twitter: @laloguerrero

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