Opinión

Desaparición forzada y erradicación de la tortura

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CNDH

El nivel de desarrollo humano de una sociedad se refleja en la forma en que trata a sus mujeres, a sus niños y a los sectores menos favorecidos. También se proyecta en cómo se imparte justicia, se previenen y sancionan los delitos y se castigan abusos. Dime cómo tratas a tus mujeres y a tus niños y te diré qué nación eres. Dime si rechazas la tortura y la desaparición forzada de personas, especialmente si éstas llegan a involucrar a agentes del Estado, y te diré qué país eres.

El pasado 10 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión dos propuestas de ley general sobre temas de enorme importancia para nuestro país y para el mundo del siglo XXI: el combate a la desaparición forzada de personas y la erradicación total de la tortura.

Para subrayar la voluntad del Estado mexicano para erradicar estas prácticas inaceptables, el presidente presentó estas iniciativas en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. La Declaración plasmó los principios básicos universales de derechos inherentes a la persona humana, entre los que se encuentran la protección de la vida e integridad personal y la prohibición de la tortura. Con este acto, se ratificó el compromiso con los derechos humanos y la protección de la persona.

Desde 1948 la comunidad internacional ha avanzado considerablemente en la construcción de las normas que protegen la integridad de todas las personas, independientemente de su condición y sin discriminación alguna. Las convenciones contra la tortura y la desaparición forzada, adoptadas tanto en la ONU como a nivel interamericano, sin duda marcaron un hito en el fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos. México, como miembro responsable de la comunidad internacional, forma parte de dichos instrumentos y promueve activamente su aplicación.

Nuestro país ha transformado significativamente su marco jurídico e institucional de derechos humanos en los últimos lustros. Las reformas constitucionales sobre amparo, el proceso penal y, en particular, aquella en derechos humanos –de junio de 2011–, representan una significativa ampliación de derechos de las personas. Igualmente, gracias a la reciente reforma constitucional, se facultó al Congreso para expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

Hay que reconocer que México también ha enfrentado importantes desafíos para dar plena vigencia a los derechos humanos. El narcotráfico y el crimen organizado, con sus enormes recursos financieros y acceso a armas de alto poder en Estados Unidos, han esparcido violencia y corrupción, y en ciertos casos han logrado rebasar la capacidad preventiva y defensiva de algunas policías estatales y municipales. El Estado se ha visto obligado a redoblar esfuerzos para responder, con pleno respeto a los derechos humanos, a las demandas de seguridad de la población y hacer frente a esta problemática que no es exclusiva de México, sino que se presenta en todas las regiones del orbe.

Asimismo, el proceso de transformación económica y política por el que ha atravesado nuestro país ha llevado a la consolidación de una cultura a favor de los derechos humanos. Hoy, los mexicanos rechazan contundentemente la violencia, la tortura y la desaparición forzada, lo cual habla de una sociedad que está elevando sus niveles de desarrollo humano. Además, existe una sociedad civil participativa, que acompaña al Estado en estos esfuerzos.

Con las iniciativas presentadas, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca librar a México de esas prácticas inaceptables, no sólo porque se trata de un compromiso ineludible a la luz de nuestras obligaciones internacionales sino, primordialmente, porque responde a una exigencia de todos los sectores de nuestra población. Ahora, el Congreso de la Unión tiene la palabra.

*El autor es embajador. Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.