Opinión

Desaparecer a la Sedesol


 
 
Hay políticas sociales que obtienen exactamente lo contrario de lo que dicen aspirar.
 
¿Cómo puede ser posible que el gasto en educación pública superior, la tasa cero del IVA o el subsidio al precio de las gasolinas puedan tener efectos regresivos en la distribución del ingreso?
 
La impresión es que como benefician a muchas personas de escasos recursos, debieran tener un impacto favorable en la equidad.
 
Pues no. Benefician a los pobres, sí, pero también... ¡benefician más a los ricos!
 
Déjeme ponerle el ejemplo más obvio, el del subsidio en el precio de las gasolinas. En el primer trimestre de este año se pagó un subsidio de 23,134 millones de pesos, algo así como 2 pesos por litro vendido.
 
De acuerdo a estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, sólo el 7.5% del gasto total en combustibles para el auto corresponde al 20% más pobre.
 
En contraste, el 20% de la población con mayores ingresos concentra el 57%.
 
Esto quiere decir que por cada 100 pesos de subsidio a las gasolinas, aproximadamente 60 pesos le tocan al 20% de arriba y sólo 7.50 le corresponden al 20% de abajo.
 
Más allá de cualquier otra consideración política, el efecto distributivo del subsidio es negativo. Es decir, mientras mayor sea, más va a acentuar la diferencia entre ricos y pobres.
 
Veamos otro caso también que seguramente causa polémica: el subsidio a la educación superior.
 
Cada vez un porcentaje mayor de la población de 18 años en adelante cursa la educación superior... pero sigue siendo una minoría.
 
La cobertura en 1970 era en México de 6.7% y ha subido hasta cerca de 25% en el promedio nacional. De hecho, el porcentaje sería menor si se resta la educación privada.
 
En otras palabras, al menos el 75% de los jóvenes de 18 a 23 años, no son beneficiados por los subsidios a la educación superior, lo explica el efecto regresivo de ese desembolso, al menos de manera directa.
 
El que un subsidio sea regresivo de modo inmediato no es el único factor que se debe evaluar, pues su efecto puede ser socialmente positivo en el largo plazo, pero es un hecho que no puede ignorarse.
 
Las políticas públicas debieran orientarse principalmente al desarrollo de capacidades productivas de la población de menores ingresos. Aquí se aplica perfectamente el viejo adagio de que es mejor enseñar a pescar que ofrecer un plato de pescado a la gente.
 
En el caso de México, además de que pocos programas se orientan a generar esas capacidades, para llevar un peso a los más pobres pareciera que tenemos que gastar 3 pesos o más en los más ricos, y luego, de ese peso para los más pobres, hay una proporción nada despreciable que se queda en las burocracias o las organizaciones sociales.
 
El otro gran problema que tenemos es el de las duplicidades. Alguna vez, un secretario de Agricultura me contó que habían identificado a un hogar que recibía recursos públicos de 16 programas diferentes para el campo.   
 
Cada uno de ellos suponía que era el único que canalizaba los recursos a esa familia. De ese tamaño era (¿o es aún?) la descoordinación.
 
Es curioso, pero a veces parece que se pone a la política social en un altar. Resulta que no puede cuestionársele porque presuntamente está diseñada para los pobres.
 
Ojalá que a la vuelta de los años, la Sedesol desapareciera en México, no por desatender a los pobres sino por el hecho de que ya no hubiera pobres que requirieran de programas sociales.
 
A veces los políticos de todos los signos parecieran desear que los pobres sigan existiendo, pues son su razón de ser y si ya no hubiera pobreza, entonces sus discursos y organizaciones dejarían de tener materia.
 
 
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