Opinión

(Des) constitución Política

 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Archivo)

Ya se ha vuelto un lugar común –es decir, un asunto generalmente aceptado- el desprestigio de varias instituciones del Estado mexicano. Se acepta también que padecemos un déficit de gobernabilidad en muchas regiones y en varios aspectos de la vida del país, y que por eso se han creado vacíos de autoridad pública que han llenado intereses particulares reconocidos como poderes fácticos, incluidos los criminales.

A pesar de la gravedad de tal situación, hace varios lustros que empeora sin que aparezca el remedio a la vista. Ha corrido mucha tinta para atribuir el vaciamiento de autoridad del Estado a la corrupción sistémica, lo que sin duda es una de las causas importantes. Pero otras lo son más.

Destaco el desdibujamiento –anulación- del pacto constitucional. Hace más de 15 años que juristas como Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que legisladores como Porfirio Muñoz Ledo y estudiosos como Patricio Marcos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, han puesto el dedo en esa llaga.

La Constitución Política constituye a la nación a condición de que sea el compendio de los objetivos del proyecto nacional, de los derechos ciudadanos, y de las responsabilidades y facultades de los gobernantes.

La (des)constitución política hace que nos preguntemos: ¿de qué propósitos nacionales estamos orgullosos hoy por hoy los mexicanos?

¿Qué objetivos atraen la concurrencia del interés general? Los ciudadanos, ¿tenemos certeza en la protección del Estado de derecho? Ni siquiera el gobierno tiene un estatuto de atribuciones apropiado.

La Constitución que debía servir de marco jurídico-político a la vida del país, ha quedado deformada por 573 reformas que se le han hecho desde su promulgación. Ello es causa principalísima de la incapacidad institucional del Estado para responder a las necesidades sociales, lo que contribuye en su descrédito.

El problema no es tanto el número de reformas que se han hecho a la Constitución; las transformaciones habidas durante casi cien años en el entorno global, en el sistema político nacional y en las expectativas ciudadanas, hacían ineludible que hubiera cambios constitucionales.

El problema es que las reformas, para ser tales y no parches mal puestos, debían seguir la letra y el espíritu de la Carta Magna para no de contravenir el pacto constitucional, o se debió convocar a un nuevo Congreso Constituyente.

Los cambios hechos durante los últimos 30 años persiguen la visión neoliberal. Han servido para implantar elementos del “consenso de Washington” (desincorporación de empresas, desregulación mercantil, desprotección ante el comercio exterior) aunque el viejo régimen del PRI también ha elevado a rango constitucional arreglos políticos (como los que marcaron la opaca desincorporación de empresas públicas y bancos) para seguir favoreciendo intereses particulares.

El neoliberalismo ha provocado fenómenos semejantes en el orden jurídico y político de numerosos países, varios de los cuales procedieron a levantar una nueva arquitectura Jurídico Política, nada menos que la refundación del Estado.

La dificultad para convocar en México a un nuevo Congreso Constituyente es que los partidos políticos no gozan de la confianza indispensable para encargarles la tarea de reconstituir a la nación con un sentido más democrático, equitativo e incluyente.

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