Opinión

¿Derecho a pagar?

1
    

   

Francisco Rivas, director dek Observatorio Nacional Ciudadano. (Cuartoscuro)

Durante la presentación del informe Homicidio: una mirada a la violencia en México, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, lanzó una propuesta explosiva: prohibir el pago de rescates a los familiares de las víctimas de secuestro. Esta propuesta draconiana se desprende de uno de los hallazgos más preocupantes del reporte: en los últimos tres años 300 secuestros han terminado con el homicidio de las víctimas. El pago de un rescate, señaló Rivas, no garantiza que las víctimas sean liberadas con vida, pero sí fomenta la comisión de más secuestros.

La lógica detrás de la propuesta es persuasiva. Los rescates financian el círculo vicioso que por décadas ha propiciado la alta incidencia de secuestros en nuestro país (al respecto, vale la pena recordar que el secuestro es prácticamente inexistente en muchos otros países, y que en México era excepcional hasta la década de los ochenta). Hipotéticamente, si las autoridades pudieran eliminar por un periodo suficiente el financiamiento a las bandas de secuestradores, se podría terminar con este flagelo de una vez por todas. Sin embargo, la propuesta de prohibir el pago de rescates genera cuestionamientos que no es posible soslayar.

Eduardo Gallo, uno de los activistas que ha luchado de forma más enérgica en contra de este delito, publicó una carta en la que descalifica de forma vehemente la propuesta de Francisco Rivas. Sus razones son poderosas. En primer lugar, la perspectiva de criminalizar a ciudadanos cuyos familiares han sido víctimas de un delito atroz, y que sólo buscan su liberación, parece contraponerse a nociones elementales de justicia y de solidaridad familiar (¿no estaríamos todos dispuestos a hacer cuanto estuviera en nuestras manos para recuperar a un ser querido?). En segundo lugar, la alta incidencia de secuestros es resultado tanto del pago de rescates como de la incompetencia, y con frecuencia la colusión, de las autoridades responsables de investigarlos. En este sentido, la prohibición del pago de rescates implicaría la renuncia por parte de los gobiernos a asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública. Como señala Gallo, para acabar con el secuestro, el camino es abatir la impunidad.

La experiencia internacional ofrece resultados mixtos en torno a la prohibición del pago de rescates. Tanto Italia como Colombia han experimentado con legislaciones que, entre otros aspectos, suponen la congelación de los activos de las familias de víctimas de secuestro (con lo que se busca evitar que paguen un rescate), prohíben la venta de pólizas de seguro que cubran el pago de rescates, e incluso prohíben la contratación de mediadores. En Italia, una ley en este sentido fue aprobada en 1991. Aunque generó resistencia, y aunque al menos en un caso se optó por suspender su aplicación, en el largo plazo contribuyó a erradicar casi por completo este delito. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la experiencia italiana no sólo partió de un marco institucional relativamente robusto, sino de una incidencia moderada de secuestros. En la década de los ochenta se registraron en Italia una treintena de casos, en los noventa esa cifra se redujo a la mitad, y en la primera década del Siglo XXI apenas se reportaron tres.

En contraste, en Colombia una ley similar no sólo no dio resultados, sino que fue invalidada por la Corte Constitucional. La Corte consideró que, si las autoridades no tienen capacidad para garantizar la liberación de la víctima, la familia tiene derecho a pagar un rescate. Desde entonces, Colombia ha tomado una posición diametralmente opuesta y ha adoptado un enfoque de protección a las víctimas. En particular, en 2002 se aprobó una ley que establece la obligación para los patrones de seguir pagando el sueldo de sus empleados mientras éstos se encuentren secuestrados.

Coincido con Eduardo Gallo. Actualmente no existen condiciones en México para prohibir el pago de rescates. Esta alternativa sólo debería contemplarse una vez que la incidencia de secuestros alcance niveles moderados, como era el caso en Italia a principios de los 90. Prohibir el pago de rescates en el contexto actual, además de generar un profundo malestar entre los familiares de las víctimas, tendría efectos perversos. En concreto, prohibir el pago de rescates iría en detrimento de la denuncia y alejaría aún más a las víctimas del apoyo que las autoridades pudieran brindarles.

En el corto y mediano plazos, el mejor camino para combatir este delito es avanzar en la creación de grupos de fusión tácticos. Estos grupos vinculan a todas las dependencias federales y estatales con la unidad especializada contra el secuestro de cada entidad. Hasta ahora, estos grupos han arrojado buenos resultados en Morelos y en Tabasco. De forma complementaria, se podrían contemplar medidas para fortalecer el marco de protección a las víctimas (como se ha hecho en los últimos años en Colombia) lo que tendría el efecto positivo de incentivar la denuncia. Para ser eficaces, estas medidas deben desarrollarse en un marco de respeto a las decisiones que tomen los familiares de las víctimas.

Twitter: @laloguerrero

También te puede interesar:
Los enemigos y la ley
202
Sin el beneficio de la duda