Opinión

Democracia y reforma energética


 
Todo indica que el PRI y el PAN ya acordaron el alcance y los detalles de su reforma energética. Se habla no sólo contratos de utilidad compartida con Pemex (pago en dinero), que es la propuesta original del gobierno, sino de producción compartida o lo que es lo mismo, dar en propiedad a las empresas asociadas, parte del petróleo en explotación.
 
No menos que eso exigen las petroleras para poder comercializar el crudo y quieren más: no tener que compartir nada con Pemex sino concesiones, como las que se dan en la minería, que es el régimen por el que aboga el PAN.
 
Juntos, PRI y PAN tienen los votos para reformar dos de los artículos básicos de la Constitución, el 27 y el 28, con el propósito de abrir actividades en las que el Estado ha ejercido su monopolio, a poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras.
 
Aunque son discutibles la eficiencia y condenables los desvíos del dominio estatal en petróleo y electricidad, la pérdida de soberanía que implica la privatización, es evidente.
 
Privatizar la obtención de energía tendría un impacto aún mayor en las reglas de la economía, que las muy adversas que ha tenido la extranjerización bancaria.
 
En 1996, Ernesto Zedillo mandó reformar la constitución para permitir las inversiones extranjeras en el sistema bancario. Aquella reforma, como la que ahora promueven el PRI-gobierno y el PAN, cambió las reglas económicas del país y no para bien.
 
En ningún momento, desde entonces, el crédito que se otorga ha sido el que necesita el país, dicho por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
 
Lo que si crece sin límites son las ganancias netas de esa banca, derivadas de los altos costos de sus servicios; durante los primeros nueve meses de este 2013 sumaron 75 mil 171 millones de pesos, 16.4 por ciento más que en igual periodo del 2012. Ninguna otra actividad, fuera quizás del narcotráfico, tiene esas tasas de crecimiento de sus utilidades.
 
La banca ha sido la más importante privatización de activos públicos hasta ahora, pero no es la única experiencia que hay que lamentar. Los ferrocarriles nacionales fueron vendidos en 1997 por el gobierno de Zedillo. En los 16 años transcurridos, las cuatro empresas que se quedaron con ellos han construido 47 kilómetros de vías.
 
Ya puede el gobierno y los empresarios decir lo que quieran sobre la competitividad de la economía, pero con insuficiencia de crédito y de transporte eficiente, las intenciones van cuesta arriba.
 
No hay una sola experiencia de privatización de activos públicos que haya sido para el bien de México. Ahí está Mexicana de Aviación y muchos casos más, como el de Satélites Mexicanos, Satmex, vendida en 1997 al consorcio integrado por Autrey y Loral Space & Communications que no lanzó uno solo de los satélites necesarios y además, a los siete años –en 2004- dejó de pagar sus deudas. Tras varias restructuraciones pasó a poder de Eutelsat, un consorcio extranjero.
 
 
¿La democracia impediría la corrupción política?
 
Se nos señala a quienes anticipamos que la privatización de la energía traerá pérdidas de soberanía y financieras para el país, que el Estado mexicano ya no es la organización autoritaria de hace 30 años, que ya se puede confiar en los pesos y contrapesos institucionales que dificultan que la clase política se corrompa y que hay capacidad regulatoria para impedir que poderes económicos inmensos se apoderen del Estado.
 
Tendríamos que creer que esos atributos institucionales no existían cuando se perdió la banca, Satmex y los ferrocarriles, y que el Estado de derecho se ha fortalecido enormemente durante los pasados 15 años, en medio de poderes fácticos crecientes y de la rampante corrupción de la clase política.
 
Ciertamente, hay avances democráticos, que han servido para enterarnos de más casos de corrupción, como la que involucra a diputados de todos los partidos pidiendo “moche” a los alcaldes por asignarles partidas para obras públicas, pero nuestro democrático sistema todavía no alcanza para que el ciudadano ofendido por esas prácticas, pueda exigir que se castiguen. La impunidad es cada vez más descarada.
 
Si todo indica que la reforma está acordada entre el PRI y el PAN, no hay un solo indicio que permita suponer que la privatización de la industria energética sería diferente a lo que hemos visto en el pasado reciente.