Opinión

¿Demasiada coincidencia?

  
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Desperdicio e ineficiencia en presupuesto de Trump

El gobierno de Donald Trump no ha resultado ser la catástrofe que se temía para México. El peso se ha recuperado en las últimas semanas y, a pesar de las amenazas de cancelar el TLC, las ventas de vehículos a Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en marzo pasado (se exportaron 225 mil unidades, un incremento de 38 por ciento respecto al año previo). Lo anterior, a pesar de que el sector automotor ha ocupado un lugar protagónico en el discurso proteccionista de Trump.

No es sorprendente que las medidas más drásticas de Trump en materia de comercio y migración se hayan quedado hasta ahora en meras amenazas. Cumplirlas tendría un enorme costo, no sólo en México sino también para los consumidores y las empresas norteamericanas. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca no haya traído cambios en la relación bilateral. Aunque no haya tenido lugar un posicionamiento formal (y es poco probable que lo haya), varios hechos recientes sugieren que el gobierno de Estados Unidos ha decidido adoptar una posición más activa en contra de autoridades mexicanas señaladas por colaborar con el crimen organizado o por corrupción. Con pocos días de diferencia se registraron golpes en contra de cinco políticos y funcionarios mexicanos de alto perfil.

Primero, a fines de marzo fue detenido en San Diego el oscuro fiscal Édgar Veytia, quien –de acuerdo con varias fuentes– había solapado de forma descarada e impune las actividades del crimen organizado en Nayarit. Segundo, también a fines de marzo se dio a conocer que el exgobernador César Duarte (contra quien la PGR giró orden de aprehensión, pero que actualmente se encuentra en El Paso, Texas) había sido notificado que su solicitud de residencia fue cancelada y que tendría que acudir a una audiencia para explicar el motivo por el cual las autoridades mexicanas lo investigan.

Tercero, Iván Reyes Arzate, quien fuera director general de apoyo táctico contra el narcotráfico y delitos conexos en la Policía Federal, se entregó de forma voluntaria en Chicago. Se le investiga por filtrar información a criminales vinculados con la organización de los Beltrán Leyva.

Cuarto, el pasado 9 de abril fue detenido en Italia Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Yarrington es perseguido, tanto en México como en Estados Unidos por múltiples delitos (incluyendo delincuencia organizada y lavado de dinero). A pesar de que en el boletín de prensa de la policía italiana sólo se menciona la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR declaró que autoridades mexicanas habían proporcionado “información útil” para la localización de Tomás Yarrington.

La captura de Yarrington ha resultado bochornosa para el gobierno mexicano. En primer lugar porque se reveló que –a pesar de que el exgobernador era buscado por la PGR desde 2012– el gobierno de Tamaulipas tenía ocho escoltas asignados a su protección. En segundo lugar porque el portal de ultraderecha Breitbart News (propiedad del polémico Steve Bannon, estratega en jefe en la Casa Blanca y hasta hace poco miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos) desmintió que la PGR desempeñara papel alguno en la captura.

Finalmente, aunque no hubo participación formal de Estados Unidos en la captura de Javier Duarte este fin de semana, no sería sorprendente que los hilos que permitieron la ubicación y captura del también exgobernador se movieran desde Washington. Por una parte, porque las capacidades institucionales del Estado guatemalteco son mínimas (el gobierno mexicano es un verdadero leviatán en comparación, lo que ya es mucho decir). Por otra parte, porque el presidente Jimmy Morales mantiene una relación estrecha con altos funcionarios de agencias norteamericanas (que frecuentemente participan en las investigaciones judiciales de mayor calado en Guatemala).

Parece demasiada coincidencia que en un periodo tan breve se concreten tantas capturas y otras acciones, en varios países, en contra de varios personajes de la política y la alta burocracia mexicana (todos vinculados con gobiernos del PRI). Sin embargo, si no es coincidencia, es incierta la lógica detrás de esta embestida. En particular, no sabemos si se trata de una estrategia de la administración de Trump con el propósito de ejercer presión sobre el gobierno de Peña Nieto, o si más bien es una iniciativa de las propias agencias de seguridad. El segundo escenario sería, por mucho, el preferible, pues sugeriría que el aparato de seguridad norteamericano ha decidido modificar su política de combate al crimen organizado, para enfocarse menos en la captura de capos y privilegiar el combate a la corrupción y el lavado de dinero.

Independiente de la motivación que exista, y más allá de la antipatía que Trump se ha ganado a pulso entre los mexicanos, es positivo que las autoridades de Estados Unidos endurezcan las investigaciones contra políticos y funcionarios mexicanos. Si los gobernadores, procuradores y mandos policiales saben que estarán en la mira de las agencias norteamericanas, es muy probable que lo piensen dos veces antes de colaborar con los criminales.

Twitter: @laloguerrero

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