Opinión

La suspensión de la suspensión de la evaluación educativa

 Macarena Velázquez*
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Huelga de ferrocarrileros en Francia

El viernes 29 de mayo durante la hora de la comida, en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se publicó el Comunicado 129 mediante el cual se anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación pública.

De esa forma, en tres líneas, el Ejecutivo de nuestro país suplantó la Constitución de una forma totalmente arbitraria, atropelló el derecho a la educación de calidad y transgredió la autonomía de un organismo constitucional autónomo –el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), es decir, vulneró la reforma educativa. Además, dejó en evidencia su pensar y modo de operar: las leyes no le aplican, ni siquiera la Constitución; no hay responsabilidades para quienes ostentan el poder; y la educación, las y los maestros –de verdad– y los niños, son una simple moneda de cambio que están dispuestos a utilizar para satisfacer sus intereses político-electorales.

En consecuencia, el pasado martes 2 de junio, Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, interpuso una demanda de amparo en contra de la SEP y de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), en virtud del acto de autoridad antes referido, en el que –entre otros puntos– expusimos que ni la SEP ni la CNSPD tienen facultades para suspender las evaluaciones, ya que tanto la Constitución como la legislación secundaria establece que esto es facultad del INEE. Nuestra demanda fue acompañada por un Amicus Curaie en el que una veintena de organizaciones de la sociedad civil suscribieron un escrito en apoyo a nuestra demanda recalcando la importancia de las evaluaciones como medio para hacer efectiva una educación de calidad según estándares nacionales e internacionales.

Además del precedente que buscamos generar para que no vuelva a suceder una arbitrariedad de este tipo, nos preocupan las primeras evaluaciones que estaban programadas para el mes de junio. Por esto, otra parte fundamental del amparo que interpusimos fue el apartado en el que solicitamos “la suspensión de la suspensión de las evaluaciones”, dado que aplazar o suspender las evaluaciones puede causar un daño inminente al derecho a la educación. Le solicitamos al juez que revierta la suspensión indefinida de las evaluaciones docentes a fin de que las mismas se lleven a cabo en los tiempos previstos en el calendario debidamente aprobado por el INEE.

El día de ayer, lunes 8 de junio de 2015, el juez nos concedió la suspensión provisional, para el efecto de que no se suspendan los procesos de evaluación, es decir, que se cumpla con lo establecido en la ley y se lleven a cabo los procesos de evaluación de los profesores. Lo anterior, en virtud de que el juez considera que existe una probabilidad de que en la sentencia definitiva se declare la inconstitucionalidad.

Podría decirse que la sociedad civil y el Poder Judicial pusieron en orden al Ejecutivo, dejándole claro cuál es su lugar: cumplir con lo establecido en la ley y recordándole que ¡nadie está por encima de la Constitución!

La importancia de garantizar las evaluaciones radica en el hecho de que la evaluación es un medio de control para que los mejores maestros lleguen a las escuelas, y que los maestros en servicio cuenten con un diagnóstico que les ayude a recibir el apoyo y capacitación que necesitan y merecen, convirtiéndose así, la evaluación, en un elemento fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad.

La autora es investigadora de Estudios Jurídicos en Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

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