Opinión

Del matrimonio gay y fenómenos electorales

 
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Besos. (Edgar López)

En los medios y en las redes aparece repetida la noticia de que los resultados obtenidos en la elección de la semana pasada, obedecieron a la iniciativa presidencial que propone una reforma a la Constitución para oficializar el derecho humano de la comunidad lésbico-gay para contraer matrimonio, y así hacer prevalecer su igualdad por encima de los convencionalismos que permitieron la subsistencia de tal figura de derecho, típicamente heterosexual.

Hace unos cuatro años escribí en este espacio sobre el particular y sostuve la tesis, que reitero hasta la fecha, de que el matrimonio, como institución jurídica y social de nuestra Nación, es por antonomasia una unión entre individuos de distinto género, hombres y mujeres, que debe tener la finalidad misma de la procreación como mecanismo de conservación de la especie humana, pues de otro modo, la mera convivencia posibilita una asociación que, como tal, no puede suplantar al matrimonio.

No obstante mi convicción y planteamientos, la verdad de las cosas es que la discusión en torno de si la comunidad lésbico-gay puede o no contraer matrimonio está superada --no sabemos si para la eternidad o temporalmente, pues la reciente modificación de dicha institución todavía no produce los efectos sociales que llegarán a valorarse con el tiempo, para determinar su acierto o los efectos negativos que llegue a producir--; la verdad de las cosas, es que la SCJN ya se pronunció definitivamente sobre la inconstitucionalidad de las normas que obstaculizaban su materialización y las legislaturas de los Estados caminan presurosamente a la instrumentación de los procesos necesarios para que quede incorporado el nuevo matrimonio ampliado en cada uno de los Códigos Civiles de todo el país.

El triunfo de esa retórica y su aceptación nacional, por la vía activa o pasiva, me lleva a alcanzar una conclusión sobre el dicho de la Arquidiócesis en torno del proceso electoral y la iniciativa presidencial: es totalmente falso y descabellado suponer que la reforma a la Constitución propuesta, por electorera que pudiera parecer, hubiera tenido un peso decisivo en la contienda del domingo antepasado. Nadie se opone ya al reconocimiento del derecho al matrimonio de cualquier pareja de individuos, sin importar su preferencia sexual, y los pocos que luchan en contra no tienen la fuerza para cambiar el rumbo de las cosas.

Consideramos que sí existen dos factores, en cambio, que deberían considerarse como elementos determinantes de la suerte del proceso electoral que se ha venido analizando:

1. La corrupción. Por principio de cuentas, es absolutamente indiscutible que la sociedad mexicana está totalmente colmada y harta de la corrupción en cualquiera de sus géneros, y esa condición la torna especialmente suspicaz de cualquier fenómeno de ese tipo, por insignificante que sea. El voto de repudio que perjudicó al PRI, más que un voto contra el partido, fue un rechazo rotundo contra la gestión general de la gran mayoría de los gobernadores salientes que, en ese contexto, perdieron la elección.

La percepción generalizada de la población con relación a la conducción de la administración de los estados, no lleva a otra conclusión sino a la de que existen un importante número de caciques estatales, que no sólo no habiendo cumplido su deber constitucional aprovecharon su posición en el ejercicio del poder público para enriquecerse, con el detrimento adicional de que permitieron la instalación del crimen organizado incluso, por encima de los derechos primarios de la misma comunidad que los llevó al gobierno.

2. La alternancia. El viraje electoral también obedece a un fenómeno que sólo se entiende en una sociedad democrática y civilizada, y es el de la posibilidad de contar con administraciones partidistas alternativas, que son respetuosas del marco jurídico vigente en el ámbito político-electoral.

Porque debemos observar de manera muy positiva que nuestra sociedad ha venido comprendiendo no sólo la viabilidad de votar por alternativas de gobierno, sino el beneficio que esto conlleva y, sobre todo, el ejercicio verdadero del poder político que la alternancia le concede a la gente de manera directa, como hacedores del resultado mismo del proceso electoral.

El voto que le abre las puertas a la oposición, mayoritariamente del PAN, para acceder a las gubernaturas de los Estados, constituye un fenómeno que se empieza a dibujar y se debe aceptar con toda naturalidad, por ser propiamente una condición esencial de los gobiernos democráticos como los que justamente deseábamos tener hace tres décadas. La gente acepta como un resultado necesario y benéfico, que un partido en el poder deje de gobernar para permitir el ejercicio alternativo de la función pública por parte de otro. El saldo positivo se mira en la posibilidad misma de que un partido opositor audite y sancione los abusos e ilegalidades en que pudiera haber incurrido su predecesor.

En todo esto, sin embargo, hay un único incidente que proviene del proceso electoral y la mala gestión de la administración estatal que condicionó el voto reprobatorio del electorado, sobre el cual sigo sin entender sus causas, y esto tiene que ver con la manera en que, incluso, los problemas locales del país, acaban por tener un impacto perjudicial en la figura misma del Presidente de la República. No habiendo existido una ingerencia de la federación en los procesos de elección del 5 de junio pasado, de cualquier modo, en al imaginario colectivo se viene suponiendo que el resultado electoral también le atañe a Enrique Peña Nieto. Es lo que dice precisamente la Arquidiócesis.

Por algún motivo incomprensible, error de la oficina de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, todos los problemas del país acaban referenciados y dirigidos al titular del Ejecutivo Nacional, el pararrayos. Es un fenómeno que sí impacta, no sólo en la persona misma de Enrique Peña Nieto y en la institución presidencial, sino en su administración en general y su partido, obviamente, en detrimento de sus intereses con vistas al 2018.

Siendo una administración federal destacada en el impulso de reformas verdaderamente trascendentes y el planteamiento de nuevos rumbos de desarrollo nacional, bien calificados más allá de nuestras fronteras, resulta relevante y urgente que se tome conciencia sobre el carácter invaluable de la buena comunicación que debe existir entre el titular de la Presidencia y la gente, y el de la protección misma de la figura del Presidente como camino único para lograr una ponderación objetiva e imparcial de los aspectos generales que definen a su gobierno.

Pareciera que, en la búsqueda de los espacios que convienen a los alfiles y caballos en la partida hacia el 2018, alguien ha perdido de vista que el juego se termina cuando se pierde al rey.

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