Opinión

Debilita, desprestigia y vende


 
Dos propuestas de reforma energética: la que se reduce a promover la apertura a inversiones privadas en petróleo y electricidad, y la que pone el acento en el saneamiento de Pemex para conservar su estructura y usarla como palanca de un mayor desarrollo industrial y tecnológico del país.
 
 
La primera de esas líneas tiene casi 30 años avanzando desde el debilitamiento intencional y desprestigio de Pemex para hacer aceptable a la opinión pública la privatización, no de Pemex pero sí de sus actividades.
 
 
La segunda defiende los encadenamientos productivos que constituyen la estructura de la industria y de la soberanía del país en la materia.
 
 
A la primera estrategia sirve el anuncio hecho este mes de que la petrolera tenía pérdidas acumuladas en los primeros nueve meses del año por 92,584 millones de pesos (después de impuestos, naturalmente).
 
 
La información se reforzó con declaraciones desde el gobierno de Peña Nieto, argumentando que las pérdidas de la petrolera seguirán mientras no haya una reforma que dé entrada a inversiones privadas "que reanimen las finanzas de Pemex".
 
 
Para dar mayor animación a la reforma aperturista, se asegura que México no es la única opción de inversión para las grandes petroleras del mundo y que sólo vendrán si la reforma les da absoluta certidumbre jurídica y si además, calculan que aquí ganarían más dinero que en otras partes.
 
 
Al hacer de la atracción de inversión y tecnología su objetivo medular, la reforma tendría que responder a las condiciones ideológica y éticamente neutrales del mercado. Apertura sin adjetivos, pues.
 
 
Como no hay manera de conocer de antemano las exigencias de los grandes actores del mundo para invertir en el petróleo de México, dice Luis Rubio, la reforma tiene que asumir a fondo la lógica de la competencia (Reforma 17/11/2013).
 
 
En la misma línea también se argumenta –con mejores razones- que la situación petrolera mundial cambió con el desarrollo de tecnologías que llevaron a la revolución del gas y petróleo shale o esquisto. Significa que Estados Unidos, principal cliente de Pemex, pronto será autosuficiente en gas y muy seguramente en petróleo.
 
 
Asumiendo que así es, Norteamérica tendrá una ventaja energética que la hará más competitiva; para ser parte de ese pool energético con ventajas para el resto de la economía, se tendría que tener y sostener una visión de Estado –no mercantil sin adjetivos- que ni de lejos está contenida en la reforma energética del gobierno ni en la del PAN.
 
Pemex no se vende, se desmantela
 
 
El rechazo a la reforma energética para meramente atraer inversiones privadas que preconiza la izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, tiene argumentos que remiten a la importancia de los íconos de la historia, de la soberanía nacional, del posicionamiento del país en las regionalizaciones geopolíticas contemporáneas.
 
 
También esgrime datos duros sobre la necesaria eficiencia práctica de la empresa. Sostiene que Pemex es eficiente. A pesar de la gran corrupción de que es objeto, tuvo utilidades en 2012 por 69 mil millones de dólares, claro, antes de las cargas fiscales confiscatorias que se le imponen.
 
 
Se ha hablado mucho de esa confiscación fiscal, pero no de que la reforma pondría a Pemex a competir con empresas privadas con cargas fiscales desiguales. En agosto pasado planteamos el tema en este espacio de El Financiero (22/08/2013).
 
Pemex aporta un tercio de los ingresos del gobierno federal. Para que se redujeran sus impuestos al nivel de cualquier negocio, la reforma fiscal recién aprobada tendría que haber elevado la recaudación de ISR e IVA en cerca de 30 por ciento.
 
 
Lo hará en 8.8 por ciento el año que entra.
 
 
De aprobarse la reforma, los contratos de utilidad compartida tendrían impuestos menores a los que seguiría cubriendo Pemex. Como observa David Ibarra, “el régimen impositivo sería dual”. Los contratos de utilidad compartida quedarían sujetos a gravámenes como cualquier negocio y subsistirían las cargas a Pemex “que aseguren escrupulosamente al fisco ingresos petroleros ascendentes” (El Universal, 6/11/2013).
 
 
La solución para Pemex sería someter a contratos de utilidad compartida cuantas actividades pueda. El efecto perverso sería la ruptura de los encadenamientos productivos que constituyen su estructura, que es la de la industria hasta ahora nacional y de la soberanía del país en la materia.
 
 
En otras palabras, terminaría por perderse el potencial impulso del sector energético a la diversificación industrial de la economía. Es lo que hay que entender por pérdida de soberanía. 
 
 
estadoysociedad.com