Opinión

Debido proceso

 
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Marcha normalistas. (Cuartoscuro)

Durante la época del presidencialismo absoluto en nuestro país, el Poder Judicial no era sino una extensión del poder del monarca en turno. Las decisiones se tomaban en función de la estructura jerárquica del Ejecutivo, y aquellos casos en donde la Suprema Corte tenía que intervenir, ésta actuaba en estricto apego a la voluntad presidencial. El Estado de derecho en su totalidad era una simulación disfrazada de leyes y reglamentos que se amoldaban a las necesidades del poder político y eventualmente del económico cuando así convenía. Así se estatizó la banca en 1982 y se reprivatizó en los 90, sin pudor alguno y en aras del “interés superior de la nación” que era el del rey sexenal correspondiente.

A nadie se le hubiera ocurrido en esos tiempos pelear en tribunales en función del llamado 'debido proceso', simplemente porque eso no existía. La decisión de tribunales nombrados desde las instancias del Ejecutivo se acataban en función de la jerarquía y a partir de los intereses presentes en cada caso, y por supuesto del dinero puesto en cada mesa y bolsa de jueces y magistrados. La transición mexicana a la democracia, cuyo eje se centró en la alternancia presidencial, se encontró entrampada en sistema jurídico y parlamentario construido para el absolutismo extralegal y que fue el obstáculo para adecuar los cambios políticos a la realidad.

El lento y tortuoso proceso de construcción de instancias judiciales autónomas, que llevó a la formación de una Suprema Corte de Justicia confiable e independiente y que culminará con la instrumentación de los juicios orales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se enfrenta ahora a la perversidad de la falta de profesionalismo de los ministerios públicos, cuerpos policiacos e incluso militares, que están en desventaja frente a un crimen organizado que va adelante en el manejo de los juicios de sus miembros, en la capacidad que posee para liberarlos incluso cuando ya han sido sentenciados, y para seguir amenazando día con día a su víctimas ante la pasividad de organismos de derechos humanos, más interesados en el debido proceso que en la justicia para aquellos ultrajados por los criminales.

Los casos recientes de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero, en donde miembros de la Policía Federal y del Ejército se vieron involucrados en un caso de tortura con una mujer de nombre Elvira Santibáñez Margarito, alias La Pala, que formaba parte de una banda de secuestradores, así como el de la liberación inexplicable de Isidro Solís Medina, alias El Chilo, miembro de la banda de Los Rojos y presunto implicado en el secuestro y muerte de Silvia Vargas, hija del empresario Nelson Vargas, son la demostración fehaciente de que la fallas en el debido proceso en México sirven más para liberar delincuentes que para proteger víctimas.

Es innegable que el debido proceso es la base de un sistema jurídico construido para defender derechos ciudadanos y evitar abusos de autoridad. Pero cuando ésta se muestra incapaz de detener, juzgar y encerrar a criminales de alta peligrosidad, la escrupulosidad en la defensa de las reglas del juego se convierte en el arma más valiosa en manos de los delincuentes, y en un peligro latente para una población indefensa y sin recursos. Además, es el mejor incentivo para inyectar millones de pesos a un sistema que sigue demostrando una y otra vez que el poder económico es los suficientemente efectivo para llegar a los niveles adecuado en la toma de decisiones, y dejar libres a los asesinos más peligrosos.

Ahora, habrá que añadirle a estos casos el de los 43 desaparecidos de Iguala, donde violaciones al debido proceso podrían dejar libres a asesinos confesos, culpables de una masacre brutal. La perversión de la justicia en toda su magnitud.

Twitter: @ezshabot

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