Fernando Ruiz
Al igual que hace 30 años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentra tomando las calles de la ciudad de México, pero la situación ha cambiado mucho respecto a la situación imperante a principios de la década de los ochentas. Hoy, después de décadas de discursos y movilizaciones, estamos en posibilidad de contrastar sus demandas con su actuación pública. En esta ocasión sólo me referiré a una de sus banderas más persistentes a lo largo del tiempo: la denuncia contra la privatización de la educación básica. Simplificando las cosas podemos señalar que el discurso de la disidencia magisterial identifica tres formas principales de intervención privada: la compra de bienes y servicios a empresas privadas, la asignación de escuelas a grupos privados y la instauración de una mentalidad "industrial" en el sistema.
La venta de bienes y servicios implica solamente transacciones temporales sujetas a procesos de adquisición o licitación. El mercado de insumos de los servicios educativos en México es amplio y redituable: compras de computadoras, materiales educativos, materiales y servicios de construcción, libros, software, capacitación, asesoría y un largo etcétera. Ha sido tradicionalmente un campo fértil para la corrupción, la que no sería posible sin la anuencia o complicidad de los funcionarios, que reciben "tajadas" o tienen conflicto de interés al favorecer a un proveedor. No minimizamos el impacto de la corrupción, su carácter sin lugar a dudas reprochable, pero sus efectos son atendibles y controlables, y no peligra la orientación de las escuelas, sino su viabilidad. La denuncia de la CNTE no incluye cuestionamiento a contratos o proveedores, ni se han sumado a los esfuerzos de transparencia.
Su segundo reclamo es fantasioso: no existe evidencia de compra de escuelas públicas de educación básica por parte de empresarios nacionales o extranjeros, y creo que difícilmente encontraremos inversionistas interesados en ello. Lo que sí es una realidad son las inversiones para creación de escuelas nuevas o la ampliación de las ya existentes para brindar servicios educativos de todos los niveles; unas pocas son buenas, muchas son de mala calidad, tanto como las públicas.
Pero en realidad lo que interesa a la CNTE es crear un enemigo virtual, para seguir impidiendo el avance en las políticas públicas, salvaguardar su papel caciquil y de coyotaje, asegurar presencia mediática y cohesionar seguidores. A la CNTE no podemos reprocharle su discurso político de defensa de la educación pública, laica y gratuita, sino lo contrario: la ausencia de un compromiso real con la educación pública, laica y gratuita. Su retórica se vacía de contenido cuando analizamos las acciones y resultados de 30 años de activismo político y callejero. Año con año se han dedicado a denunciar la conspiración mundial para privatizar la educación pública mexicana y en ese lapso nada efectivo han hecho para proponer alternativas que no sean autorreferentes, opacas y de bajísimo nivel académico.
Por el contrario, en ese lapso de 30 años en algunas entidades federativas controladas por la CNTE se ha llevado a cabo una privatización silenciosa de los servicios educativos. En Oaxaca es donde se ha perfeccionado el modelo privatizador más exitoso. La sección 22 tiene en usufructo las plazas docentes y las otorga en propiedad privada a los maestros. Aunado a eso, 98% de los puestos administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) le pertenecen en exclusiva. La dirigencia de la sección 22 es la que decide a quién contratar y el IEEPO sólo se encarga de pagar la nómina. Es de escándalo comprobar que una de las banderas de los últimos años de la sección 22 es la "recuperación" de las escuelas que atienden los maestros de la sección 59; si la población desea una nueva escuela acude a los dirigentes sindicales, que se sienten dueños de las escuelas. En Guerrero el Gobernador reconoció recientemente la existencia de 12 mil maestros comisionados, tal vez producto de la práctica sindical de fraccionar las plazas para colocar más personas en el sistema educativo. Estamos pues, ante una evidente contradicción: ¿la privatización debe ser rechazada, pero si es sindical debe permitirse? Seguiremos insistiendo en nuestra convicción: sólo la educación pública de calidad cambia a México.
El camino de las reformas no es fácil, porque invariablemente hay perdedores y ganadores. La CNTE no abandonará tan fácilmente la estructura de privilegios que construyó durante años, pero al final su causa está perdida. El reto de este ciclo escolar es la construcción de una nueva rectoría educativa al servicio del derecho de los niños de contar con una educación de calidad. Las alternativas están claras: o seguimos con una educación pública privatizada por las burocracias políticas y sindicales, o vamos con paso firme por la senda del cambio. Nuestros niños merecen un futuro mejor.
www.mexicanosprimero.org
Investigador de Mexicanos Primero.
Opinión