Opinión

De pena ajena



Resulta penoso constatar que a veces las instituciones públicas son utilizadas para fines diametralmente distintos para los que fueron creadas, distrayendo tiempo y recursos en tareas que no le son propias.

Señalo lo anterior porque resulta que los municipios de Ixtepec y Juchitán de Zaragoza, ambos del estado de Oaxaca; Cuauhtémoc, de Colima; y Bejucal de Ocampo, de Chiapas, promovieron controversias constitucionales en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pese a que se trata de una materia estrictamente federal, en la que de ningún modo corresponde a los municipios legislar ni regular.

El extraño accionar de estos municipios responde a su ascendente político, que en todos los casos es el PRD, quien en su momento se opuso férreamente a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Cabe también destacar, como es bien sabido, la continua coincidencia entre dicho partido político y los puntos de vista de Telmex-Telcel.

Ahora, estos municipios se revelan como paladines de la competencia en el sector de telecomunicaciones e impugnan disposiciones legales que versan sobre instituciones como la preponderancia, la compartición de infraestructura y obligaciones específicas del agente económico preponderante en telecomunicaciones. No es que seamos mal pensados, pero causa mucha extrañeza que hayan promovido en estos casos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante una evidente simulación, donde es obvio que los escritos de demanda no fueron redactados por estos municipios.

Qué pensaran los habitantes de estos municipios acerca de que sus autoridades municipales, que en lugar de estar preocupadas por el drenaje, el sistema de abasto de agua o los servicios de salud, están defendiendo los derechos de una empresa con ventas anuales por encima de 60 mil millones de dólares, cuando de acuerdo a datos del Coneval, en Bejucal de Ocampo, Chiapas, la población en pobreza representa 93 por cuento y una de cada dos personas están pobreza extrema, o los habitantes de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con 60 por ciento de población en pobreza, donde el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 42.3 por ciento, equivalente a 33 mil 502 personas.

Esta actuación no resulta extraña si consideramos que desde la promulgación de la ley hubo el amago de una acción de inconstitucionalidad por una minoría legislativa, diversas presiones mediáticas para que el IFAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones impugnaran la ley, e inclusive hubo un ejercicio fatuo por parte del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, mismo que fue notoriamente improcedente.

Durante el proceso legislativo, las minorías políticas y el interés económico que representan ya tuvieron oportunidad de oponerse; no se puede mantener ad infinitum un estado que sólo genera incertidumbre jurídica y falta de desarrollo en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión que implicaría seguir negando beneficios a la población en beneficio de unos cuantos.